La Conferencia Episcopal Argentina ha comunicado que el último día hábil de diciembre de 2023, concluyó «conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria e informado a la Secretaría de Culto, el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual prevista en la ley 21.950».
A partir de consultas recibidas los obispos argentinos comunican también que en una resolución del día 26 de abril de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en uso de sus facultades, dio lugar a que los arzobispos y obispos que hayan cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez «puedan solicitar de manera particular, con una serie de requisitos, recibir el beneficio de la asignación prevista en la ley».
Tal medida no tiene nada que ver con la reciente victoria de Javier Milei. Este proceso se inició en 2018 bajo el gobierno de Macri y la iniciativa partió de la propia Conferencia Episcopal Argentina.
El artículo 2 de la Constitución establecía que el gobierno federal debe sostener al culto católico y, además, la ley 21.950 de 1979 estableció que los arzobispos y obispos debían cobrar una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración del juez nacional de primera instancia.
Fue en 2018 cuando comenzó el debate sobre la legalización del aborto, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando, la Iglesia anunció el inicio de un proceso para renunciar al aporte y puso en marcha un plan para su completo autosostenimiento en base a la contribución de sus fieles.
Dicho proceso se materializó a partir del presupuesto 2019, que determinó una caída del 30% en las asignaciones a obispos, sacerdotes y seminaristas. En 2020, el Episcopado anunció un plan económico para generar financiamiento propio, que se concretó a través del Programa FE, que favorece el autosostenimiento por medio de distintas campañas de donación.
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