El obispo de Ibiza y Formentera tampoco ha esperado a la reunión de este lunes para sacar sus propias conclusiones sobre el informe del Defensor del Pueblo.
A través de un extenso comunicado, el obispo demuestra la mala praxis con la que ha trabajado el Defensor del Pueblo. Vicente Ribas, obispo de Ibiza, demuestra como se mostraron colaborativos en todo momento con las peticiones y requerimientos que les hicieron desde la comisión del Defensor del Pueblo encargada de hacer las investigaciones previas.
El Defensor del Pueblo señala a la diócesis de Ibiza como una de las pocas que apenas suministró información. Una afirmación que ha provocado la contundente reacción del prelado ibicenco en donde demuestra con extractos de correos intercambiados con el equipo del Defensor del Pueblo que sí colaboró.
Monseñor Vicente Ribas hace una primera valoración y asegura que «el Informe, en lo referido a nuestra diócesis, no es exacto ni veraz». Además, el obispo de Ibiza «lamenta profundamente» las conclusiones y especialmente las extrapolaciones que «tan libremente ha hecho el Defensor del Pueblo de lo que son unos datos concretos y de una encuesta realizada sobre una base poblacional tan limitada y a la que se ha encuestado de una manera tan genérica».
Les ofrecemos la nota completa publicada por la diócesis de Ibiza y Formentera:
1.- CRONOLOGÍA DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL OBISPO.
Mediante una carta fechada en Madrid el 24 de febrero de 2023 se ponía en contacto conmigo, al igual que con el resto de los obispos españoles, el Defensor del Pueblo, el Excmo. Sr. D. Ángel Gabilondo Pujol, informando que había recibido una encomienda del Congreso de los Diputados con el fin de “elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos”. El objetivo era “contribuir a la determinación de los hechos y responsabilidades, a la reparación de las víctimas y a la planificación de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de los casos de abusos sexuales sobre niños, niñas y adolescentes”.
Previamente a esta carta, la Conferencia Episcopal, como reconoce el Defensor del Pueblo, se manifestó dispuesta a colaborar. A este propósito el Sr. Obispo Secretario de Conferencia Episcopal remitió una carta, fechada en Madrid el 10 de marzo de 2023, a todos los obispos recordándonos las decisiones que a este respecto habíamos tomado los obispos en las Asambleas Plenarias del año 2022 y en la Comisión Ejecutiva del 8 de marzo de 2023.
2.-PETICIÓN EXPRESA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.
“Que dicha colaboración se haga explícita procurándonos la información y cuantas consideraciones estime oportunas y que tienen que ver con los protocolos que permitan ofrecer conclusiones y recomendaciones a las Cortes Generales y al Gobierno de España, para la adopción de medidas necesarias, en orden a cumplir con aquel objetivo”. Esta petición tan genérica se concretaba en un Anexo I de la mencionada carta
en el que se pedía:
1.-Datos de los casos de abusos en la diócesis de los que se haya tenido conocimiento desde el año 1050 a la actualidad.
2.-Dispositivos de escucha y reparación a las víctimas de abusos sexuales existentes en la diócesis.
3.- Protocolos de prevención puestos en marcha para este tipo de abusos.
4.-Protocolos de intervención ante el conocimiento de posibles casos. En un Anexo II, por si resultaba de mi interés, se adjuntaba un modelo
desarrollado para responder guiada y pautadamente a la solicitud.
3.-RESPUESTA DEL OBISPO Y DE LA OFICINA DIOCESANA DE PROTECCIÓN AL MENOR.
Para responder a los requerimientos del Defensor del Pueblo, determiné que yo mismo daría cuenta de las denuncias de abusos que se habían recibido en este obispado desde el año 1950. Y encargué a la Oficina Diocesana de Protección al Menor la respuesta a los dispositivos y protocolos por ser la encargada de ello y estar lo pedido en el marco de su actuación.
Mediante una carta fechada en Ibiza el día 16 de marzo de 2023, le contesto lo siguiente: “le comunico que oficialmente y desde el año 1950 sólo hemos tenido dos denuncias con el siguiente resultado: La primera de ellas (año 2011) fue llevada por la justicia civil y la eclesiástica. La
justicia civil determinó en un plazo breve de tiempo desestimar la denuncia por fatal de pruebas e incongruencias en la declaración del denunciante. El procedimiento eclesiástico se demoró algo más al ser más exhaustivo llegando a la misma conclusión.
Se había procedido a hacer una denuncia falsa contra el sacerdote afectado. Los medios de comunicación airearon la noticia, como suele ocurrir en estos casos, sin salvaguardar la presunción de inocencia del sacerdote ni posteriormente rectificar, cuando se hicieron públicas las sentencias, quedando así deteriorada la buena fama de este sacerdote y ciudadano español sin que hubiera ninguna reparación.
La segunda denuncia (año 2020) fue iniciada mediante un procedimiento eclesiástico y, teniéndose los hechos como probables, se le ayudó a la víctima a que acudiese a los tribunales civiles, donde se abrió una causa que está pendiente de juicio. Al sacerdote en cuestión se le instó a que afrontase los hechos y, el mismo, solicitó al Santo Padre la dispensa de las obligaciones contraídas con el sacramento del orden,
perdiendo, así, el estado clerical”.
Por su parte, la Oficina Diocesana de Protección al Menor había recibido un correo electrónico desde “el Defensor del Pueblo” el día 16 de febrero de 2023 y firmado por D. Álvaro Arroyo Camacho, en el que pedía el nombre de la persona encargada de la Oficina y la dirección postal de la misma. El 25 de febrero se le contesta mediante correo electrónico aportándole los datos solicitados. Desde entonces y hasta el día 2 de junio la Oficina no recibe ninguna comunicación. Dicho día, mediante una llamada telefónica de D. Antonio Fernández Barba al Obispado, se vuelven a requerir los mismos datos que ya habían sido aportados. El mismo día, mediante correo electrónico, se reenvía la información. Al no recibir respuesta alguna desde el Defensor del Pueblo, la Directora de la Oficina Diocesana de Protección al Menor se pone en contacto telefónico con el Sr. Fernández Barba quien el día 6 de junio de 2023 le remite el siguiente correo electrónico: “Buenas tardes: El pasado viernes recibimos su contestación a las dudas que desde esta oficina se les habían planteado sobre el envío del protocolo de protección de menores existente en su diócesis. Efectivamente habían sido enviadas al Defensor del Pueblo en la contestación a un correo inicial solicitando la confirmación de su dirección, por lo que el contenido del mensaje más allá de la dirección solicitada no fue archivada
por parte de la persona a la que se dirigió. Sólo nos queda agradecerle que enviara de nuevo el enlace y pedirle disculpas por el equívoco. Un saludo. Antonio Fernández Barba, Coordinador de la Unidad de atención a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica”.
En este periodo de tiempo, recibo una segunda carta del Defenso del Pueblo, fechada en Madrid el 5 de mayo, en la que me agradece mi primera contestación, pero en la que me indica que faltan “datos esenciales” como: tipo de abusos, las siglas de los nombres y apellidos del victimario, lugar concreto de los hechos, tipo de abuso, año de los abusos, edad y sexo de la víctima. Me indica, además, que existe en los informes del diario “El País” una tercera víctima a la que no hago referencia. Que no tiene constancia de si he revisado los archivos diocesanos desde el año 1950. Y, por último, que faltan los datos y protocolos de la Oficina Diocesana de Protección al Menor. A esta nueva carta le contesto mediante otra que está fechada en Ibiza el día 23 de mayo de 2023 lo siguiente: “le reitero, como ya le manifesté en la primera, que oficialmente y desde el año 1950 sólo hemos tenido dos denuncias. Por lo tanto, en nuestros archivos no hay constancia de ninguna denuncia relacionada con el delito de abusos a menores.
En relación con lo afirmado por el periódico “El País” y del que usted hace mención diciendo que son tres los que “nos” corresponden, quedo muy sorprendido ya que las denuncias de las que tenemos constancia son dos: La primera de ellas en el año 2011 y la segunda denuncia en el año 2020. A estas denuncias ya me referí en mi primera carta. Si usted y el periódico “El País” tienen una información de la que carecemos, resulta imposible por nuestra parte hablar de un tercer caso. A este respecto, sólo puedo pedirle que o bien nos haga llegar la información de
ese tercer caso para poderlo investigar y actuar consecuentemente o bien lo ponga usted directamente en conocimiento de la fiscalía para actúe de oficio.
En lo referido a los casos de los años 2011 y 2020 dice que faltan datos esenciales, siglas del victimario, lugar concreto de los hechos, tipo de abuso, año de estos abusos, así como la edad y el sexo de las víctimas. En el caso del año 2011 se trató, como ya de indiqué, de una denuncia falsa que, por falta de pruebas, fue desestima por los tribunales civiles, por lo que no hubo ningún tipo de abuso. La denunciante fue la madre de un menor, alumno del colegio Can Bonet del que el sacerdote falsamente denunciado era director.
El caso del año 2020 sigue pendiente de juicio y, por tanto, estando todavía en proceso legal, todo lo referido al mismo debe tener autorización del juez y de las partes implicadas. La actuación eclesiástica ya se la referí en la anterior carta. Por lo que respecta a las cuestiones que sugiere en el último punto, en esta Diócesis funciona la Oficina de atención al menor y a las víctimas de abusos sexuales. De
todos los protocolos fue informado a través de la Directora de la misma cuando en su día se pidió esta información. Puede preguntarle a D. Álvaro Arroyo Camacho que tiene la información que solicita”.
4.-LOS DATOS REFLEJADOS EN EL INFORME SOBRE NUESTRA DIÓCESIS.
El primer dato que aparece sobre Ibiza se refiere a un capellán castrense, cuya jurisdicción pertenece al Arzobispado castrense y sobre el que diócesis de Ibiza y Formentera no tenía competencia alguna: “Es posible que, por esta misma razón, no haya reflejado (el Arzobispado castrense) el caso de otro capellán castrense expulsado del Ejército en 1995, tras acosar y abusar de soldados en un cuartel de Ibiza, difundido también por varios medios de comunicación” (p. 490).
En la página 493 se puede leer: “Un grupo de obispados no suministró prácticamente información de los casos que reconoce, ni sobre agresores, ni víctimas, ni abusos, ni lugar o tiempo. Son las diócesis de Sant Feliu de Llobregat, Almería, Menorca, Ibiza, Mondoñedo-Ferrol y Vic”. Y en la página 494: “Hay diócesis que no han aportado ningún dato, ni siglas, ni condición ni cargo o empleo (las de Almería, Ibiza, Menorca, Oviedo), incluso aunque los hubieran publicado los medios de comunicación”.
No se entiende esta afirmación cuando mi respuesta fue: “En el caso del año 2011 se trató, como ya de indiqué, de una denuncia falsa que, por falta de pruebas, fue desestima por los tribunales civiles, por lo que no hubo ningún tipo de abuso. La denunciante fue la madre de un menor, alumno del colegio Can Bonet del que el sacerdote falsamente denunciado era director”. Ante lo aparecido en el informe, da la impresión de que no se ha leído la carta que envíe. Si la denuncia fue falsa, no hubo agresor, ni víctima, ni abuso. Con todo indico el año y el cargo del sacerdote falsamente acusado y denunciado. Es cierto que no doy las siglas del victimario (agresor y agredido), pues la justicia civil y la eclesiástica estimaron que todos había sido una falsa denuncia.
Por tanto, no ha lugar, y quien quiera puede recurrir a los medios actuales para conocer lo que apareció publicado respecto a aquella falsa denuncia. En lo referido al otro caso, le escribía en la primera carta: “La segunda denuncia (año 2020) fue iniciada mediante un procedimiento eclesiástico y, teniéndose los hechos como probables, se le ayudó a la víctima a que acudiese a los tribunales civiles, donde se
abrió una causa que está pendiente de juicio. Al sacerdote en cuestión se le instó a que afrontase los hechos y, el mismo, solicitó al Santo Padre la dispensa de las obligaciones contraídas con el sacramento del orden, perdiendo, así, el estado clerical”. Y en la segunda carta: “El caso del año 2020 sigue pendiente de juicio y, por tanto, estando todavía en proceso legal, todo lo referido al mismo debe tener autorización del juez y de las partes implicadas.
La actuación eclesiástica ya se la referí en la anterior carta”. Si hubieran querido conocer más datos los tenían en los medios de información y en el mencionado informe del diario “El País” en el que prácticamente se apoya el trabajo realizado por el Defensor del Pueblo con la participación de nuestra diócesis. Una cosa que no se entiende es que, si ha salido en los medios de comunicación, que normalmente no suelen hacerse responsables de la veracidad o falsedad de una noticia y que luego tampoco rectifican, tenían a su disposición información; y otra cosa es que lo diga el obispo en su responsabilidad de pastor de la diócesis. No puedo saltarme lo que dicta la ley (ni la civil ni la canónica), ni lo que pide el bien de las personas, ni lo que sugiere la prudencia.
En la página 498 del Informe sobre la fecha de la creación de la Oficina Diocesana de Protección al Menor se lee: “Finalmente, no se pudo encontrar este dato de las diócesis de Ibiza y Oviedo, ni lo facilitaron en su respuesta ni se encontraron en su web respectiva”. Todos los datos los facilitó la directora de la Oficina. Aunque, como reconoce el Sr. Fernández Barba “Efectivamente habían sido enviadas al Defensor del
Pueblo en la contestación a un correo inicial solicitando la confirmación de su dirección, por lo que el contenido del mensaje más allá de la dirección solicitada no fue archivada por parte de la persona a la que se dirigió”.
5.-PRIMERA VALORACIÓN DEL INFORME EN LA QUE SE REFIERE A NUESTRA DIÓCESIS DE IBIZA Y FORMENTERA.
Una primera valoración lleva a considerar que el Informe, en lo referido a nuestra diócesis, no es exacto ni veraz. Se ha colaborado con el Defensor del Pueblo en lo que ha solicitado y en los límites que el estado de los dos casos aconsejaba, teniendo siempre en cuenta el bien, la integridad y el honor de las personas. Particularmente en el caso del año 2020 respecto a la víctima.
Lamento profundamente las conclusiones y especialmente las extrapolaciones que tan libremente ha hecho el Defensor del Pueblo de lo que son unos datos concretos y de una encuesta realizada sobre una base poblacional tan limitada y a la que se ha encuestado de una manera tan genérica. El próximo lunes, día 30, los obispos estamos convocados a una reunión extraordinaria de la Asamblea Plenaria, de la que, estoy convencido, saldrá una valoración mucho más exhaustiva del Informe en su conjunto, de su metodología y de su arbitraria extrapolación de datos. Con todo, como Obispo de Ibiza y Formentera me reitero en lo que de dije al Defensor del Pueblo en la primera de las cartas que le escribí: “Confío que esta investigación ayude a detener esta lacra de los abusos sexuales a menores en todos los ambientes en los que éstos se producen que no sólo es el eclesiástico ni es, con todo, el mayoritario. En la búsqueda de la verdad y en la promoción de la justicia me encontrará siempre a su disposición, como no podría ser de otra manera, puesto que, sin la verdad, sin la justicia, sin la protección de todos los derechos de todas las personas y sin el bien no existiría la democracia y la sociedad se perdería en el fangoso terreno de la subjetividad y de los convencionalismos oportunistas provengan de donde provengan”.
Ibiza, 28 de octubre de 2023
Vicente Ribas Prats
Obispo de Ibiza y Formentera
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Se demuestra que el informe del defensor del PSOE es un acto sectario y bufo, que carece de la menor credibilidad.
Una investigación del nivel de 487 abusadores tarda como mínimo no menos de 5 años y millones de euros, porque hay que hacer una profunda investigación de los hechos, junto con periciales, testimonios, interrogatorios, documentos, y luego, hacer una criba jurídica de protección de datos y derecho al honor.
Lo único que importaba al defensor del PSOE es acusar que la Iglesia abusó del absurdo número de casi 500.000 niños… podían haber dicho 5.000.000 y se hubieran quedado tan panchos…
Monseñor Vicente. Tu sabes bien que está es una realidad bien existente. Hay que rezar con fuerza para vivir desde la fe esperanza y caridad está situación. Un abrazo fraterno. Confío en tu empatía. Gracias
Han sido más de «una» y de dos las denuncias en Ibiza contra un perpetrador, JMSI, recogidas en el proceso, por no hablar de las muchas otras víctimas que se han callado. Del proceso canónico, nunca más se supo…
Y de todas esas supuestas denuncias (denunciar es gratis), ¿cuántas condenas en firme hay?
Si no se investiga bien y no se concluye el proceso, sólo cabe la condena del fuego, también para los que evitan actuar en justicia.
Ya; muy bien. Pero, ¿cuántas condenas hay? La cifra.
¿Cómo quiere que haya condenas, si no hay juicio? De todos modos, el acusado, se apresuró a pedir la secularización.
«¿Cómo quiere que haya condenas, si no hay juicio?»
Primero, es usted quien ha afirmado que no ha habido ni una ni dos denuncias, dando a entender que son más. En usted recae la carga de la prueba. Y sobre su pregunta concreta, es facilísimo: como usted tiene pruebas suficientes (si no las tiene está calumniando), vaya al juzgado de guardia y, una vez que se instruya el caso, habrá juicio y, tras demostrarse su culpabilidad, serán condenados. Luego, sólo tiene que transmitirnos el número de condenas. Pero, puede comenzar enumerando las que ya haya. ¿Cuántas son?
«De todos modos, el acusado, se apresuró a pedir la secularización»
Eso no exime de la responsabilidad penal, ni de la obligación de denunciar por parte de cualquier persona conocedora de un delito.
«¿Cómo quiere que haya condenas, si no hay juicio?»
Primero, es usted quien ha afirmado que no ha habido ni una ni dos denuncias, dando a entender que son más. En usted recae la carga de la prueba. Y sobre su pregunta concreta, es facilísimo: como usted tiene pruebas suficientes (si no las tiene está calumniando), vaya al juzgado de guardia y, una vez que se instruya el caso, habrá juicio y, tras demostrarse su culpabilidad, serán condenados. Luego, sólo tiene que transmitirnos el número de condenas. Pero, puede comenzar enumerando las que ya haya. ¿Cuántas son?
«De todos modos, el acusado, se apresuró a pedir la s e c u l a r i z a c i ó n»
Eso no exime de la responsabilidad penal, ni de la obligación de denunciar por parte de cualquier persona conocedora de un delito.
Hablo de juicio canónico, con las varias denuncias presentadas. El juicio civil está en marcha.
https://www.noudiari.es/local-ibiza/las-victimas-de-abuso-sexual-cuando-eramos-ninos-queremos-justicia-reparacion-y-la-responsabilidad-subsidiaria-del-obispado-de-ibiza-si-procede/
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