Los obispos de Panamá han emitido un comunicado (que hace aguas por muchos lados) en el que rechazan la actividad de la Fraternidad san Pío X en su territorio.
La Conferencia Episcopal Panameña justifica su comunicado en aras de «defender la unidad de la Iglesia universal». Pues bien, en defensa de tal unidad, los prelados panameños «notifican al Pueblo de Dios que la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) fundada en 1970 por Monseñor Marcel Lefebvre, no está en plena comunión con la Iglesia católica; por lo que los fieles católicos deben abstenerse de asistir a sus cultos».
Además, subrayan que «en cuanto a los sacramentos que se administren en sus cultos, se les recuerda a los fieles que para administrar sacramentos se requiere la aprobación del Obispo o de la Autoridad eclesial y al no contar con la misma, estos son ilícitos».
Sobre la Misa, los obispos de Panamá sostienen que «la Misa en latín no está prohibida en la Iglesia católica; pero debe ser aprobada por los obispos», lo cual es absolutamente falso. Los obispos de Panamá citan para justificar tal afirmación el artículo 2 de Traditionis Custodes. Dicho párrafo dice que es competencia exclusiva del obispo «autorizar el uso del Missale Romanum de 1962 en la diócesis», que nada tiene que ver con que la Misa sea en latín, hebreo o arameo ya que se puede celebrar la Misa actual en latín sin necesidad de permiso expreso del Ordinario del lugar.
Los obispos de Panamá recuerdan que «la dedicación de un lugar corresponde al Obispo diocesano y a aquellos que se le equiparan por el derecho», por lo que los obispos afirman que «está prohibida la celebración de sacramentos en lugares no autorizados por el obispo.
El comunicado concluye haciendo un llamamiento «a todos los fieles católicos a valorar la riqueza de la Liturgia actual, enriquecida por la expresión del Pueblo de Dios, a través de su propia lengua, como lo solicitaron los Padres Conciliares en el Concilio Vaticano II y como la Iglesia universal celebra todos los días en todo el mundo».
El comunicado va firmado por el presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Panamá y también por el arzobispo metropolitano de Panamá, por el secretario general de la Conferencia Episcopal y por el cardenal José Luis Lacunza.