El gobierno de Nicaragua ha intensificado sus acciones contra la Universidad Centroamericana (UCA) con el reciente desalojo de seis jesuitas de la residencia Villa del Carmen. A pesar de que los jesuitas presentaron documentos legítimos que verifican su propiedad sobre la residencia, las autoridades nicaragüenses prosiguieron con su decisión, desatando un aluvión de críticas a nivel internacional.
Organizaciones jesuitas globalmente reconocidas, como la Curia Generalicia en el Vaticano, la Conferencia de Provinciales de América Latina y el Caribe (CPAL) y la Red de Universidades Jesuitas de América Latina (AUSJAL), han expresado su profundo repudio ante lo ocurrido en Nicaragua. Estas organizaciones se unen en una voz crítica contra la creciente tendencia del gobierno nicaragüense de reprimir y difamar no solo a la comunidad jesuita, sino también a otras organizaciones civiles y miembros de la Iglesia Católica.
Este incidente no es aislado. Se suma a la reciente clausura de la UCA, una institución que ha servido como pilar educativo y de compromiso social en Nicaragua desde 1960. Estos actos han sido interpretados por muchos como un intento del gobierno de silenciar las voces críticas y autónomas en el país. La Asociación Internacional de Universidades Jesuitas (IAJU) ha hecho eco de este sentimiento, instando a una solución que esté basada en los principios de «verdad, justicia y diálogo».
Desde 2018, la UCA ha enfrentado una escalada de hostigamientos y agresiones, con algunos expertos en derechos humanos catalogando estos actos como crímenes de lesa humanidad. Con la comunidad internacional mirando con creciente preocupación, la esperanza es que la justicia y el respeto por los derechos humanos prevalezcan en Nicaragua.