A través de un comunicado, la diócesis de Mallorca ha reconocido los abusos cometidos por un sacerdote de la diócesis balear.
«Una vez terminado el procedimiento canónico administrativo penal contra el presbítero Mn. Julià Cifre Vanrell, se ha emitido el decreto sancionador. El decreto señala la extraordinaria gravedad del comportamiento que ha reconocido haber mantenido durante años al sacerdote
encausado, y ha sido probado en este procedimiento administrativo penal que sus conductas impropias han causado daño físico y psíquico a la víctima», reza el comunicado del obispado mallorquín.
En el decreto emitido por la diócesis se ha impuesto como sanciones al sacerdote que deberá escribir una carta a la víctima disculpándose por todo el dolor que le ha provocado. El decreto exhorta al sacerdote a llevar en lo sucesivo una vida apartada de retiro, oración y penitencia. También se le impone, por tres años, la prohibición de celebrar la eucaristía en cualquier lugar que no sea en su domicilio. Por último, el sacerdote se abstendrá a partir de ahora y en adelante de entrar en contacto con la víctima o sus familiares.
Por su parte el Obispado de Mallorca «manifiesta su petición de perdón a la víctima y su voluntad de continuar apoyándola y acompañándola en su proceso terapéutico, espiritual y económico».
En el comunicado la diócesis reitera su «rotunda condena a cualquier tipo de abuso y violencia contra las personas y nuestra firme intención de buscar siempre la verdad. Además, y en línea con nuestro compromiso de transparencia, insistimos en la nuestra voluntad de cooperar siempre y plenamente con las autoridades judiciales del Estado para facilitar la investigación judicial en éste o cualquier proceso que deba llevarse a cabo».
Exculpado un sacerdote de 80 años
Por otro lado, el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Mallorca ha exculpado a un sacerdote diocesano acusado de abusos sexuales por una mujer. La misma denunciante también ha apuntado a que fue víctima de delitos sexuales por parte de otros dos sacerdotes, en este caso ambos jesuitas.
El decreto que finaliza el procedimiento canónico considera que «no se ha podido alcanzar certeza moral» de que el religioso se aprovechara una discapacidad intelectual de la denunciante para abusar de ella. De hecho, existía una discrepancia entre los informes psicológicos del caso sobre la capacidad de la denunciante para rechazar mantener relaciones sexuales con el sacerdote, que ahora tiene más de ochenta años de edad. Los hechos denunciados se habría producido hace tres décadas.
La resolución, aunque descarta una infracción que hubiera supuesto la expulsión del sacerdote del estado clerical, le impone una penitencia porque sí considera acreditado que pecó. La clave del asunto es que no hay pruebas de que el encausado fuera consciente de ninguna anomalía y que, por tanto, consideró que eran unas relaciones consentidas sin ningún obstáculo.