El Parlamento Europeo condenó el jueves «en los términos más enérgicos» la represión y las detenciones de miembros de la Iglesia católica en Nicaragua y reclamó la inmediata liberación del obispo Álvarez.
En una resolución aprobada con 538 votos a favor, 16 en contra y 28 abstenciones, el PE instó al régimen nicaragüense a restablecer el pleno respeto de todos los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, religión y creencias. Los procedimientos judiciales y sentencias impuestas al obispo Rolando Álvarez y otras víctimas de detención arbitraria deben ser anulados, señalan los eurodiputados.
Para aprobar dicha resolución, el Parlamento Europeo ha tenido en consideración que, «el 19 de agosto de 2022, la policía nacional nicaragüense asaltó por la fuerza la diócesis de Matagalpa para detener de forma arbitraria al obispo Rolando Álvarez, tras haberlo retenido en la diócesis durante dos semanas, junto con cinco sacerdotes, dos seminaristas y un cámara, recluidos hoy en la prisión de El Chipote; que el obispo Álvarez desempeñó un papel importante como mediador en el diálogo nacional de 2018 y ha pedido constantemente un diálogo pacífico y razonado en Nicaragua, criticando el cierre de siete emisoras de radio católicas de la diócesis de Matagalpa el 1 de agosto de 2022».
La Cámara europea incide en «que la declaración de la policía no presentaba ninguna razón para las detenciones, sino que afirmaba que formaban parte de una investigación iniciada el 5 de agosto de 2022 sobre actividades «desestabilizadoras y provocadoras» en el país; que la policía confirmó posteriormente que se estaban llevando a cabo «investigaciones judiciales»; que, horas más tarde, Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, afirmó en un discurso que la policía había estado restableciendo el orden en Matagalpa y que la detención del obispo era «necesaria».
Además, también ponen de manifiesto el hecho de que el nuncio apostólico en Nicaragua, monseñor Waldemar Stanisław Sommertag, fuese expulsado en marzo de 2022, que el padre Manuel Salvador García fue detenido en junio de 2022, que la Asociación Misioneras de la Caridad, de la Orden de Santa Teresa de Calcuta, fue declarada ilegal y expulsada en julio de 2022, y que la policía nacional supuestamente prohibió las procesiones religiosas previstas para los días 13 y 14 de agosto de 2022;
Añadido a lo anterior, el Parlamento Europeo subraya que «otros cinco sacerdotes, Uriel Vallejos, Vicente Martínez, Sebastián López, Mangel Hernández y Dani García, se exiliaron como consecuencia de la detención del obispo Álvarez; que el obispo Silvio Báez fue obligado a exiliarse en 2019 a raíz de amenazas de muerte reconocidas por el Vaticano y que el 1 de septiembre de 2022, las autoridades nicaragüenses condenaron a monseñor Leonardo José Urbina Rodríguez a treinta años de prisión; que estos son solo algunos ejemplos de actos de represión contra miembros de la Iglesia católica en Nicaragua».
Por último, según el Parlamento, la situación justifica que la ONU inicie una investigación formal sobre Nicaragua y Daniel Ortega a través de la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad.
Ayuda a Infovaticana a seguir informando
