Casos como el que enjuicia al cardenal Becchiu y sus insólitas inversiones han obligado a la Santa Sede a reconsiderar su política financiera, así que el 1 de septiembre entrarán en vigor nuevas directrices para que aquello en lo que inviertan los dineros del Vaticano sea acorde con la Doctrina Social.
«La nueva Política de Inversión – se lee en el comunicado de la Secretaría para la Economía – pretende garantizar que las inversiones estén orientadas a contribuir a un mundo más justo y sostenible; protejan el valor real del patrimonio de la Santa Sede, generando un rendimiento suficiente para contribuir de forma sostenible a la financiación de sus actividades; y estén alineadas con las enseñanzas de la Iglesia católica, con exclusiones específicas de inversiones financieras que contradigan sus principios fundamentales, como la santidad de la vida o la dignidad del ser humano o el bien común».
Por eso, sigue diciendo la nota, es importante que dichas inversiones «se dirijan a actividades financieras de carácter productivo, excluyendo las de carácter especulativo y, sobre todo, se guíen por el principio de que la elección de invertir en un lugar y no en otro, en un sector productivo y no en otro, es siempre una elección moral y cultural».
La Política ha sido aprobada ad experimentum por cinco años y entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, con un período de moratoria para adaptarse a los criterios propuestos. En el comunicado también se explica cómo se aplicará la nueva Política de Inversión: «Las instituciones curiales – se lee en la nota – deberán confiar sus inversiones financieras a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, APSA, transfiriendo su propia liquidez para ser invertida – o sus propios valores depositados en bancos extranjeros o en el propio Instituto para las Obras de Religión, IOR – a la cuenta de la APSA habilitada en el IOR a tal efecto».
La APSA, como institución que administra el patrimonio de la Santa Sede, establecerá un fondo único para la Santa Sede en el que desembocarán las inversiones en los distintos instrumentos financieros, y tendrá una cuenta para cada institución, elaborando el reporting y pagando los rendimientos».
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Dice la nota: «Orientadas a garantizar un mundo más justo y sostenible.» Ese lenguaje, especialmente lo de sostenible (un concepto en clara alusión a la ecología), coincide con la Agenda 2030.
Y yo me pregunto, las finanzas de la Iglesia, ¿no deberían servir para el acrecentamiento de la Iglesia y la expansión de la fe?
No dice Francisco que los ataudes no tienen bolsillos? y que el dinero es malo? O sea si invertimos los mortales en lo que sea es malo, lo que nos sobra hay que darlo a los pobres y lo que le sobra al Vaticano? con eso que hay que hacer invertirlo o darlo a los pobres. Haced lo que yo digo pero no lo que yo hago.
El pecado original de todo el asunto es que el IOR actúe como banco y no como mera caja para pagar gastos: sólo puede ser ser fuente de escándalos, más si tiene infiltrada a la ‘Ndrangheta.
Parece que se ha cambiado al Padrenuestro por «el pan nuestro de cada día invirtámoslo hoy». Las únicas «inversiones» deberían de ser de Propagación de la Fe y beneficiencia. Que sigan así, dando escándalo de mercadeo, y las fuentes de aportaciones se secarán, como ya pasó con las aportaciones de gente de EEUU al Óbolo de S. Pedro.
Leo el título y pienso: «Miedo me da»