Es difícil contemplar la situación nacional e internacional y no advertir una rapidísima marcha hacia un régimen global que se aleja del respeto a las libertades personales y restringe de día en día los derechos de los ciudadanos con la excusa, cada vez más transparente, de una u otra ‘emergencia’.
La Iglesia siempre ha predicado la obediencia a la ley civil como una grave obligación, pero también ha establecido límites para determinar cuándo ese acatamiento no solo no es obligado, sino que es ilícito.
Una de las más claras exposiciones de la doctrina de la Iglesia en ese sentido puede leerse en Libertas Praesentissimum, encíclica promulgada por el Papa León XIII en 1888 contra las pretensiones del liberalismo.
Conviene, pues, citar la mencionada encíclica en un fragmento que recuerda la existencia de esos límites. “Es una obligación muy seria respetar a la autoridad y obedecer las leyes justas, quedando así los ciudadanos defendidos de la injusticia de los criminales gracias a la eficacia vigilante de la ley”.
“El poder legítimo viene de Dios, y el que resiste a la autoridad, resiste a la disposición de Dios. De esta manera, la obediencia queda dignificada de un modo extraordinario, pues se presta obediencia a la más justa y elevada autoridad”.
“Pero cuando no existe el derecho de mandar, o se manda algo contrario a la razón, a la ley eterna, a la autoridad de Dios, es justo entonces desobedecer a los hombres para obedecer a Dios. Cerrada así la puerta a la tiranía, no lo absorberá todo el Estado”.
“Quedarán a salvo los derechos de cada ciudadano, los derechos de la familia, los derechos de todos los miembros del Estado, y todos tendrán amplia participación en la libertad verdadera, que consiste, como hemos demostrado, en poder vivir cada uno según las leyes y según la recta razón”.