El pasado fin de semana, el obispo de Lexington, John Stowe, ordenó al diácono que anunciara que el pastor y el vicario no están vacunados, que los fieles podrían optar por no asistir a sus Misas y que ambos sacerdotes tenían prohibido visitar a los enfermos y a los agonizantes.
Qué mal pueda hacer persona alguna -no digamos un sacerdote que trae los últimos sacramentos- a un agonizante es materia que nos intriga, pero no es la única en la actitud autoritaria que el episcopado norteamericano en general está adoptando en este asunto de las vacunas, donde se ha pasado de debatir si era lícito recurrir a un remedio en cuya elaboración se habían empleado células de fetos abortados a determinar que no es lícito abstenerse de la vacuna.
La de Lexington es una de las diócesis que ha ordenado vacunarse a todos los empleados del obispado, pero en absoluto la única. El obispo Stowe lo justificó el mes pasado en una nota en la que afirmaba que “el sistema de salud está al borde del colapso por una crisis causada principalmente por personas que se niegan a protegerse a sí mismas y a los demás al vacunarse. Esto es inaceptable, y nuestra diócesis ahora se une a los empleadores que ya han hecho de este compromiso básico con el bien común un requisito». ¿Qué dirá el obispo cuando lea noticia de, digamos, Israel, con la abrumadora mayoría de la población vacunada y los hospitales colapsados por enfermos doblemente inoculados?
This past weekend, @BpStowe of Lexington made the cathedral’s deacon announce that the pastor & vicar aren’t vaccinated, that people may choose to not attend their Masses, & that these two priests are not allowed to visit the sick, the homebound, or the dying. pic.twitter.com/vFvE4VLbYc
— ☦ (@johnamonaco) September 13, 2021
Porque el debate sería perfectamente comprensible incluso si se tratase de una peste mortal que atacase a una gran parte de la población y las vacunas hubieran demostrado ser eficaces y seguras. Pero es que ni siquiera se dan estas condiciones. La temidísima ‘pandemia’ tiene una tasa de letalidad muy baja y discrimina clarísimamente contra grupos de población muy definidos (ancianos y personas con graves comorbilidades), y ya se reconoce que las vacunas en el mercado no impiden el contagio ni el desarrollo de la enfermedad. En cuanto a su seguridad, dado que aún no ha pasado siquiera un año de su salida, es imposible de determinar, pero ya se conocen abundantes efectos secundarios.
¿Qué sentido, entonces, tiene prohibir a un sacerdote no vacunado cumplir su ministerio, si los vacunados pueden contagiar igualmente? Y ¿cuál sería la responsabilidad -moral, pero también legal- de un pastor que obliga a sus empleados a vacunarse si, después de todo, algo sale mal con las vacunas?
Obligar a nadie a meterse en el cuerpo un compuesto experimental es la última violación de la libertad personal, y la intimidación pública y generalizada está convirtiendo a quienes objetan a la vacunación en los últimos descartados de nuestro tiempo, de los que supuestamente esta ‘Iglesia en salida’ debería cuidar especialmente.