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Más del lío de las fundaciones de la diócesis de Madrid

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Religión Confidencial señala a Francisco Javier Belda como el hombre del Vaticano encargado de investigar y ayudar a Carlos Osoro.

El Confidencial nos trae hoy, de la mano de Ruth Ugalde, otro capítulo más del escándalo de la venta de San Jorge y por parte de la fundación Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC) y las operaciones de venta de inmuebles de Fusara, otra fundación en la que participa la diócesis de Madrid.

Hace cuatro años, el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, decidió profesionalizar la gestión de las fundaciones de la archidiócesis, creando la Delegación Episcopal de Fundaciones de Madrid; al frente puso a David Lopez Royo. Con este puesto, López Royo pasaba a ocupar la presidencia del patronato de Fusara y de FSVSC, órganos desde los que se aprobaron las ventas de San Jorge y de los inmuebles de Fusara.

Una de las cosas que hicieron saltar las alarmas en la archidiócesis fue el fichaje de López Royo por el bufete Chávarri, que se produjo en enero de 2018, cargo que aceptó sin renunciar al de delegado episcopal. Al problema estético de estar en los dos lados, se unió un posible conflicto de interés, al empezar a encargar a este despacho todos los procesos ligados a la venta del patrimonio de las fundaciones, recoge el artículo de El Confidencial.

En la FSVSC, además de López Royo, destacan las figuras del secretario del patronato, Manuel Fernández Clemente, y del vocal e interventor general de la diócesis, Julio Lage. Ambos pasaron también a estrechar lazos con el bufete ese mismo año 2018, el primero presentándose en conferencias como abogado colaborador de Chávarri, y el segundo, incorporándose de patrono a la recién creada Fundación Chávarri.

Apenas unos días después de constituirse esta entidad, en la que también tiene un puesto López Royo, se firmó la venta a Residencias Nebrija de los terrenos y la parroquia de San Jorge por 37 millones de euros y previo pago de casi cinco millones en comisiones a Chávarri, cifra 10 veces superior a la habitual y que logró trabajando al mismo tiempo para el vendedor y el comprador. Lo de intermediar para las dos partes se repitió en Fusara con la venta de los 14 edificios de viviendas de la fundación.

Según El Confidencial, cuando Chávarri presentó al patronato de Fusara la propuesta de venta del patrimonio residencial y su transformación en otro de oficinas, aseguró que en estos edificios se habían detectado “anomalías” como “posibles actividades ilícitas”. En el caso de la FSVSC se dijo que había que cerrar la residencia por un problema de licencias, que la casa del párroco era irregular e, incluso, que podría incurrirse en un delito de administración ilegal porque se trata de una fundación civil. En ambos casos, la imagen que presentó el bufete estaba muy alejada de la realidad.

El argumento de evitar el “riesgo reputacional” que esgrimió el bufete buscaba vender deprisa, intentando justificar así un descuento en la venta muy por debajo del precio de tasación. Según el artículo de El Confidencial, en la venta Fusara habría perdido 20 millones de euros.

El mandato que dio el patronato de Fusara a Chávarri consistió en analizar la conveniencia de dejar de estar expuesto al mercado residencial en alquiler y apostar por estar invertido en oficinas. El problema está en cómo se ha ejecutado, vendiendo un 20% por debajo del valor de tasación y comprando por el doble de las últimas operaciones comparables y con condiciones leoninas, dice El Confidencial.

Se dijo que con el dinero de las ventas de Fusara y FSVSC se iba a construir una ciudad de la misericordia en el sur de Madrid; sin embargo, se adquirió un suelo en el norte de Madrid, en Valdebebas, para hacer un edificio de oficinas. Esta operación tuvo un coste total, según el mismo medio, que asciende a 110 millones de euros entre la compra de los terrenos y la obra.

Este importe es muy superior a los 74 millones que Fusara esperaba conseguir con la venta de sus inmuebles, que todavía no ha cobrado en su totalidad, ya que nunca ha recibido el segundo pago. La solución que propuso Chávarri pasaba por encontrar un socio o pedir financiación bancaria, y se optó por lo primero, embarcando a FSVSC en la operación, algo que paró el equipo encargado de la investigación interna, tras desembarcar en este caso el pasado verano.

Al hecho de vender barato y comprar caro se unen las dispares condiciones resolutorias que se firman en caso de que alguna de las partes incumpla su obligación de compra o venta. Como la firmada con Metrovacesa, según la cual, si Fusara no desembolsaba la totalidad del importe de la compra del suelo en agosto, la inmobiliaria podía quedarse con el primer pago ya realizado más el terreno.

Todas estas decisiones han llevado a las fundaciones a una situación agónica. Mientras que sus bienes se han vendido, pero no cobrado, tienen que seguir sosteniendo los colegios y residencias encomendados sin un patrimonio en renta que lo sostenga.

El equipo que está investigando lo ocurrido en la archidiócesis ha apostado por cesar a todos los miembros de las fundaciones implicados en estas operaciones, por intentar deshacerlas para recuperar el patrimonio de las fundaciones y, por orden de Osoro, preparar acciones para exigir responsabilidades.

¿Y quién está encabezando dicho equipo de investigación? Religión Confidencial cuenta hoy como el sacerdote Javier Belda ha sido el elegido para dirigir el entramado jurídico de la defensa del cardenal Osoro, que en otros medios de comunicación venía descrito -sin dar el nombre- como un «hombre del Vaticano». Este sacerdote y abogado ha sido el encargado de la defensa, por ejemplo, de Gustavo Zanchetta o de velar para la puesta en marcha los nuevos estatutos del Instituto Juan Pablo II en todas las secciones que hay en el mundo.

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