Las Cortes de Castilla y León han alcanzado este miércoles un amplio acuerdo -únicamente rechazado por Vox- para que la sanidad pública de esta comunidad (Sacyl) garantice la práctica de abortos en sus hospitales, con la única limitación de la objeción de conciencia de los sanitarios, informa El Norte de Castilla.
PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos juntos por el aborto. Un consenso al que llegaron tras una enmienda a la iniciativa socialista por parte de Ciudadanos. La diputada de este partido, Marta Sanz, defendió la enmienda al texto socialista que finalmente logró el consenso, únicamente tras puntualizar el PSOE que debía quedar reflejado que la garantía de los abortos se refería a los hospitales públicos y con respeto a la objeción de conciencia. “Hay debates que la sociedad española tiene superados o debería”, declaró la diputada de Ciudadanos, convencida de que se debe hacer “todo lo posible” para garantizar este derecho.
En su intervención ante las Cortes, el diputado de VOX -único partido que se opuso- Jesús García-Conde justificó el voto negativo de su grupo por ser «un decidido defensor del derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural»: «Lo que la Ley llama interrupción voluntaria del embarazo», añadió, «no es más que un eufemismo que esconde la terminación deliberada de la vida por medios quirúrgicos o farmacológicos, que deberían quedar al margen de la sanidad pública», recoge Religión en Libertad.
García-Conde señaló que si no hay abortos en la sanidad pública es porque «la gran mayoría de los profesionales sanitarios no está de acuerdo en participar en estas intervenciones», y propuso que «se fomente la natalidad a través de la ayuda a las mujeres embarazadas, asegurando que reciben de forma neutral toda la información a la que tienen derecho, tanto en lo referente a su embarazo, como en lo relativo a las alternativas al aborto». Asimismo, que se implemente «un protocolo de atención a adolescentes embarazadas» y a «familias que esperan un hijo con malformaciones o anomalías graves» porque «todas las vidas son igual de dignas».
La iniciativa aprobada fue presentada en marzo y en ella se instaba al Gobierno de Castilla y León a:
«Reforzar la educación afectivo-sexual de niños y niñas y jóvenes, sobre el fomento de relaciones de respeto, la prevención del embarazo no deseado y la prevención de enfermedades de transmisión sexual.
Que se mantengan y potencien, donde sea necesario, los servicios de planificación familiar y se establezca para jóvenes la gratuidad de métodos anticonceptivos.
Incorporar la interrupción voluntaria del embarazo a la Cartera de Servicios de todos los centros hospitalarios públicos del SACYL, garantizando su aplicación en todos los casos contemplados en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Tomar las medidas pertinentes para la creación de los registros de objetores y objetoras de conciencia, en los centros hospitalarios donde no los haya, y se mantengan actualizados en todos ellos, para garantizar así este derecho a los profesionales de la salud que lo expresen de manera individual, anticipada y por escrito tal y como dicta el artículo 19.2 de dicha Ley.
Que se desarrollen plenamente los órganos y procedimientos necesarios para garantizar la calidad asistencial durante todo el proceso según lo dispuesto en el Real Decreto 831/2010, de 25 de junio, y el Real Decreto 831/2010, de 25 de junio«.