Titula La Vanguardia que ‘El cardenal Cañizares se salta el estado de alarma y abre la basílica de Valencia’ y el incidente sirve, como tantos otros, para advertir la doble vara de medir de una normativa que no tienen ningún sentido desde el punto de vista epidemiológico.
Esta sí es una “campaña orquestada”, Eminencia, y no esos vídeos de aficionado que grabaron un puñado de jóvenes rogando a sus pastores que permitan las misas, pero nos tememos que no se denunciará con el mismo entusiasmo.
Seguir la tortuosa normativa oficial sobre la pandemia, con sus fases y sus espacios geográficos, excepciones incluidas, no es nada fácil, pero sí lo es advertir un detalle: lo que vale para unos no vale para otros, y esos otros son, esencialmente, los católicos que quieren la vuelta al culto público.
Que la pandemia exigía medidas excepcionales es algo que han discutido muy pocos, y la jerarquía eclesiástica ha sido la primera en amoldarse a todo, tan deprisa y totalmente que parece traicionar cierto alivio. Pero cuando se permite a unos lo que se prohíbe a otros, sin razón ‘científica’ que lo avale, es el momento de pensar que detrás de todo este laberinto normativo hay motivaciones ajenas a la salud pública.
Naturalmente, las hay. De control, de acaparamiento del poder, de cálculo político. Pero, en lo que nos interesa en esta publicación, también de ‘odium fidei’, de la centenaria obsesión de la izquierda española de desarraigar el cristianismo de estas tierras de una vez y para siempre.
En el blog ‘De profesión, cura’, de nuestros colegas de Infocatolica, el padre Jorge González Guadalix pone negro sobre blanco una serie de casos concretos de esta desigualdad clamorosa y sanitariamente inexplicable. Lo que es válido para bares, no lo es para iglesias; lo que vale para festejos laicos no es aplicable a celebraciones religiosas; lo que se permite a coros seculares se prohíbe a coros litúrgicos. Acaba González Guadalix con un clarificador caso hipotético: “En Braojos, por ejemplo, y es un suponer, se podría tener en la plaza del pueblo un festival de jotas. Los artistas en el escenario que guarden su distancia de seguridad y la gente puede estar en la plaza con sus sillas o de pie, con todas sus precauciones, a la vez que permanece abierta la terraza del bar de la casa de la cultura. Imaginemos que al acabar el festival, al bajar los joteros del escenario, suben el señor cura y dos más para celebrar la misa del día de la fiesta. Está prohibido. ¿Mande? El mismo escenario, las mismas distancias de seguridad, idénticas sillas… ¿y las jotas sí y la misa no? ¿Me lo dice en serio?”.
Sí, muy en serio. Pero hay una parte en esta situación, un aspecto, que el sacerdote bloguero deja en el aire, por razones comprensibles, limitándose a dejarlo caer en esta última frase: “Y nosotros, a tragar, que tenemos costumbre”.
Porque no hay nada novedoso, desusado o sorprendente en el hecho de que la izquierda patria aproveche la oportunidad de la alarma sanitaria para perjudicar a la Iglesia, como la aprovecha para acaparar poder y colar reformas que exigirían acalorados debates parlamentarios. No: lo sorprendente es el silencio de los pastores.
Que la jerarquía se pliegue a las necesidades derivadas de la lucha contra la pandemia es comprensible y hasta loable, si se trata de salvar vidas y detener el avance de la peste. Pero cuando se permiten actitudes y fenómenos de igual o mayor potencial contagioso a la instancias civiles y comerciales que las ceremonias de culto y la Conferencia Episcopal mantiene un vergonzoso silencio, podremos, creo yo, ver gato encerrado en todo esto.
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