Las operaciones de la fundación Fusara (acrónimo de Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio), de la que participa el Arzobispado de Madrid, siguen coleando, como ha señalado La Cigüeña de la Torre. En los últimos días El País y ABC, se han hecho eco de las últimas novedades al respecto.
Ayer nos enterábamos, a través de El País, que el juzgado de instrucción número 51 de Madrid admitió a trámite la querella interpuesta por los vecinos afectados por la fundación Fusara por posibles delitos de estafa, corrupción y administración desleal de sus responsables.
Esta entidad, que tutela la Iglesia, a través de la Delegación de Fundaciones del Arzobispado de Madrid, vendió 14 inmuebles en el centro de Madrid por 74 millones el pasado 30 de julio, dejando desconcertadas a más de 200 familias que vivían en alquiler.
En el auto de la querella, al que ha tenido acceso El País, la juez Carmen Rodríguez-Medel explica que, tal y como dicen los vecinos, el patronato de la fundación “está deficientemente constituido y que el firmante de la compraventa no ostenta poder válido, motivo que ha dado lugar a que la inscripción de la compraventa de cinco fincas haya quedado suspendida [en el Registro de la Propiedad]”. Por estas cuestiones, explica la magistrada, “podría constituir un hecho delictivo de estafa en la modalidad del artículo 251 del Código Penal”. Este artículo conlleva una pena de prisión de uno a cuatro años. El auto también cita un posible perjuicio al patrimonio administrado y posible delito de corrupción entre particulares.
Por todo ello, la juez citará a David López Royo, que era el delegado de fundaciones de diócesis madrileña cuando se realizó la operación, Ignacio Olmos, antiguo gerente de la fundación Fusara, Manuel Fernández Clemente, actual administrador y a Roberto de Juan González, el comprador de los 14 inmuebles, el próximo 14 de enero a las 10.00 en el juzgado número 51 de Madrid para comunicarles la admisión a trámite de la querella.
Sorprende que un medio como Religión Digital, que no duda en atacar a cualquier prelado que ose salirse de la cuerda ideológica que defienden, bajo cualquier pretexto, no haya tratado este tema, ni aunque sea de refilón.
Sin embargo, la cuestión queda aclarada si abrimos un poco los ojos. El que fuera delegado de fundaciones desde 2016, David López Royo, citado por el juez por este polémico caso, tiene un blog alojado en RD. Y la cosa no queda ahí. López Royo es a su vez director ejecutivo de la Fundación Chávarri, perteneciente al despacho Chávarri, entidad que intervino en las ventas millonarias de la fundación Fusara, según relató El País.
Y adivinen qué, la Fundación Chávarri posee un banner publicitario en Religión Digital, qué cosas. Y el propio Jesús Bastante, el segundo de a bordo de esta página de información religiosa, firma una noticia sobre la presentación que López Royo hizo de la Fundación Chávarri en Roma el pasado 10 de diciembre, como enviado especial a Roma.
Luego somos nosotros, los sospechosos hijos de Roger Alies, los que informamos o desinformamos siguiendo oscuros intereses de poder y siniestras tácticas de magnates americanos. La realidad es muy tozuda y al parecer, son otros los que informan, o no, según intereses.
