Tan sólo dos semanas después de tomar posesión en su nuevo cargo como Presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez ha hecho pública su intención de retirar los restos mortales de algunos difuntos del suelo sagrado del Valle de los Caídos. Se trata de una medida populista enmarcada dentro de la polémica Ley de «Memoria Histórica».
El recién estrenado Presidente del Gobierno español ha anunciado la puesta en marcha de una nueva medida que, sin duda, sigue contentado a sus cómplices en el asalto a la Moncloa: trasladar de su sitio los restos de Francisco Franco. Cuenta con el silencio, hasta ahora, de la Iglesia Católica -propietaria de la Sagrada Basílica del Valle de los Caídos-, y el beneplácito de la mayoría de políticos que copan los escaños del Congreso de izquierda a derecha.
El Valle de los Caídos, lugar de culto
A día de hoy el Valle es un lugar de culto que, entre otras cosas, alberga la cruz más grande del mundo. Por ello es preciso esclarecer que, desde el año 1979, se ha de respetar la inviolabilidad de los lugares de culto. Así lo especifican los puntos 5 y 6 del Artículo 1 de los Acuerdos firmados entre el Estado español y la Santa Sede en dicho año.
Tuvieron lugar al formarse el primer gobierno de la democracia, presidido por Adolfo Suárez. Se reformó el Concordato de 1953, firmado bajo los principios del nacionalcatolicismo del franquismo, y se adecuó a la proclamación de la aconfesionalidad del Estado por la Constitución española de 1978. Estos acuerdos estuvieron precedidos por otro documento firmado el 28 de julio de 1976, en el que se nombraba al Rey Juan Carlos I vicario general castrense con la graduación de General de División.
Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español
En cuanto a los puntos 5 y 6, dicen lo siguiente:
5. «Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes.No podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su carácter sagrado. En caso de su expropiación forzosa será antes oída la Autoridad Eclesiástica competente».
6. «El Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias Episcopales, a las Curias de 1os Superiores Mayores de las Órdenes y Congregaciones religiosas, a las Parroquias y a otras Instituciones y Entidades eclesiásticas».
Osoro confirma: La Iglesia no pondrá impedimentos
Por tanto, desde el punto de vista legal la exhumación del dictador es un trámite cuanto menos complejo, ya que quebrantaría los dos puntos anteriormente citados. En los dos años que, tal y como confirmó ayer a TVE, le quedan a Sánchez en la Moncloa, tratará de reformar la ley actual de «Memoria» para «ampliar derechos y establecer medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura».
Sin embargo, tal y como informa LA RAZÓN, la Iglesia no pondrá trabas a la exhumación de Franco. El Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, quien tiene las competencias directas en este asunto, no tiene «ningún interés» en oponerse. Es más, asegura el citado medio, está dispuesto a colaborar y poner todos los medios para alcanzar una solución de consenso. «La Comunidad está allí para orar, no para ser un agente político», asegura Monseñor.
Los hermanos Martínez-Bordiú escriben a la Santa Sede
Otro requisito a tener en cuenta para que se pueda llevar a cabo el traslado de los restos es la voluntad de la familia. Al parecer esta negociación se inició años atrás y estaría avanzada. Aunque la realidad es que los siete hermanos Martínez-Bordiú ya han iniciado una serie de trámites con el Vaticano para que no prosperen los deseos de Pedro Sánchez y sus socios de sacar a su abuelo del recinto de Cuelgamuros.
Lo más paradójico de este entramado es que cuando el dictador falleció fue trasladado hasta la Basílica en contra de la que había sido su voluntad. Fue una decisión de Arias Navarro la que torció los planes de Franco, que según se ha publicado recientemente pensaba en otros lugares como el Pazo de Meirás para ser enterrado. Su mujer, Carmen Polo, pensó también en El Pardo, donde residían.
El Consejo de Ministros, presidido por Arias, decidió -de acuerdo con el Rey Juan Carlos- que el general Franco debía estar junto a los restos de José Antonio Primo de Rivera, presente allí desde 1959. El Rey emérito ordenó por escrito a Luis María de Lojendio, abad del Valle, que diese sepultura en la basílica a «Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los ejércitos de España». El mausoleo de la discordia, por tanto, se improvisó en apenas tres días.
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