La Asamblea Legislativa del Territorio de la Capital australiana, reunido en Canberra, aprobó el pasado 7 de junio que se exija a los sacerdotes romper el secreto de confesión en algunas ocasiones, ha informado el órgano de los jesuitas americanos America.
El objetivo de la Ombudsman Amendment Bill 2018, que es el nombre oficial de la ley, es ampliar el Sistema de Información de Conductas que rige las acusaciones de abusos a niños de modo que incluya a las organizaciones religiosas.
Nueve meses para negociar
La Archidiócesis de Canberra y Goulburn dispone de nueve meses para negociar con el Gobierno la forma en que se concretan los nuevos requisitos de denuncia obligatoria.
El arzobispo, Christopher Prowse, en una carta abierta a The Canberra Times, asegura apoyar la revisión en líneas generales, pero no que se incluya el requisito de romper el secreto de confesión. Según Prowse, esta exigencia ni ayudaría a prevenir los abusos ni mejoraría la seguridad de los niños implicados en organizaciones católicas.
Aparte del hecho de que los pedófilos no confiesan sus crímenes ni a la policía ni a los sacerdotes, una ley de estas características amenazaría la libertad religiosa.
La elección de los sacerdotes: o cárcel o sacrilegio
En caso de que se aplique en los estrictos términos que prevé, y si se diera en la práctica el caso, obligaría a los sacerdotes a elegir entre cometer un delito de encubrimiento e ir a la cárcel o cometer un sacrilegio que, de conocerse, inhibiría la práctica de la confesión universalmente.
No es en absoluto la primera vez que se ensaya o amaga en algún país occidental con leyes que obliguen a los sacerdotes a confesar los delitos que oyen en confesión, y no es en absoluto improbable que la norma sea imitada, primero a nivel a nacional y, posteriormente, internacional, abriendo la vía a un nuevo medio de persecución contra los católicos.
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