Es de suponer que, en este orden de cosas, los obispos no se sorprenderán si el líder de algún partido responde a la consulta de un periodista sobre acción política recurriendo a los Evangelios o, todavía mejor, el Levítico.
Preguntado por la polémica asociación clandestina el Yunque, de origen mexicano, que llevaría algún tiempo extendiendo sus tentáculos en España, el portavoz de la Iglesia española -es decir, de la Conferencia Episcopal-, José María Gil Tamayo ha respondido que «las asociaciones secretas están prohibidas por la Constitución. No tiene ninguna cabida asociaciones así, que vayan por esta línea de oposición constitucional (….) cualquier colaboración estará en la concordancia de los fines y los medios lícitos para conseguir esos fines».
Es de suponer que, en este orden de cosas, los obispos no se sorprenderán si el líder de algún partido responde a la consulta de un periodista sobre acción política recurriendo a los Evangelios o, todavía mejor, el Levítico.
Que la Constitución prohíbe las sociedades secretas es un dato sin duda interesante, pero imaginamos que si se pregunta al portavoz de los obispos, sucesores de los apóstoles, es esperable que responda haciendo referencia, si no a su fe, al menos a las disposiciones eclesiales.
No es, en realidad, que nos extrañe, en el sentido de que nos resulte novedoso. El desafío secesionista catalán ha sido una ocasión de oro para que hayamos podido ver a muchos de nuestros prelados invocando la Carta Magna y haciendo de ella una defensa tal que hubiéramos deseado ver en ellos igual entusiasmo con muchos otros aspectos morales que afectan a su grey. Después de todo, la Constitución no solo es mera obra de hombres, ajena por completo a la Iglesia, sino que incluso según su único intérprete autorizado, el Tribunal Constitucional, ampara sin discusión la supresión del no nacido en el vientre de su madre. Se nos ocurre que, quizá, tal vez, a lo peor, la Constitución no es la colina en la que nuestros obispos deban dar su más ardua batalla.
Aún es más triste que en la misma comparecencia Gil Tamayo vuelva a invocar la ley fundamental del Estado secular con referencia al disparate antropológico de las leyes de género. Se hablaba en concreto de la proposición de ley de igualdad LGBTI, lanzada por Unidos Podemos, y Gil Tamayo ha vuelto a oponerse alegando que esta proposición «contiene elementos anticonstitucionales clarísimos». Menos mal; nosotros teníamos la impresión de que estas y otras leyes de igual materia -también las del PP, dejadas pasar sin mayor comentario o crítica- iban frontalmente contra toda la antropología cristiana y natural, que se oponen radicalmente a la esencia misma de lo que significa ser humano, y que en cuestiones de esta gravedad citar la Constitución, en un hombre que representa a la jerarquía eclesiástica, no parece mucho más oportuno que citar a Mortadelo y Filemón.
También, naturalmente, nos lleva a preguntarnos si la Iglesia tiene un modelo que vaya más allá de la Constitución -interpretada del modo que ustedes quieran- en particular, o las fuentes positivas del derecho en general. Desconcierta, por lo demás, que un estamento eclesiástico tan reacio a escapar del lenguaje político en cuestiones que comprometen la verdad última del ser humano tengan luego a mal, como es el caso del Arzobispo de Milán con el candidato italiano Matteo Salvini, que un político haga alguna referencia religiosa.
Seríamos los primeros en aplaudir que los políticos se limitaran a la política y los religiosos a la fe, pero no parece que estos últimos estén muy por la labor.
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