Tras la declaración institucional de la Conferencia Episcopal ante la situación en Cataluña, el vicesecretario de Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, ha manifestado que la Iglesia siempre acierta cuando se mantiene en posiciones relativas a la moral y a la ética y «deja la política para los políticos».
Un llamamiento al diálogo y a evitar «decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias». Este fue el mensaje de la anunciada declaración institucional de la Conferencia Episcopal Española ante la situación en Cataluña. Una declaración que ha sido criticada por quienes la califican de «tibia» o por quienes consideran que no es una cuestión sobre la que la Iglesia deba pronunciarse.
En este sentido se ha expresado el vicesecretario de Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, que ha señalado que la Iglesia «siempre acierta» cuando trata asuntos relacionados con la moral y la ética y deja cuestiones políticas -como la situación en Cataluña- «para los políticos».
En declaraciones en los pasillos del Congreso recogidas por EP, Maroto ha afirmado: «Creo que la Iglesia siempre acierta cuando se mantiene en posiciones que pertenecen a la moral y a la ética y deja la política para los políticos.»
«Creo que esa es la posición que siempre ha llevado a la Iglesias a acertar y que debería ser también en esta ocasión», ha apuntado el vicesecretario de Sectorial del PP, añadiendo que «cuando alguien trata de representar a todo un colectivo puede tener dificultades en conseguirlo».
El pasado miércoles, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Ricardo Blázquez, compareció ante los medios para leer la declaración institucional acordada de forma unánime por la Comisión Permanente, reunida durante el martes y el miércoles en Madrid.
En la declaración se afirma que “ante la grave situación que se vive en Cataluña”, la verdadera solución «del conflicto» pasa por “el recurso al diálogo desde la verdad y la búsqueda del bien común”.
Los obispos han manifestado la necesidad de que tanto las autoridades de las administraciones públicas como los partidos políticos y otras organizaciones, así como los ciudadanos, eviten “decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias”, que los sitúe al margen de “la práctica democrática amparada por las legítimas leyes” y origine “fracturas familiares, sociales y eclesiales”.
En la declaración también se hace un llamamiento a recuperar la conciencia ciudadana y la confianza en las instituciones, respetando “los cauces y principios que el pueblo ha sancionado en la Constitución”.