El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, ha sido imputado como presunto autor de un delito de revelación de secretos relacionado con el supuesto episodio de espionaje del que fue víctima una notaria de uno de los tribunales canónicos de la curia episcopal.
Según revela Público, el prelado soriano tendrá que declarar como investigado el próximo 3 de marzo ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza, que también ha citado para ese día como imputado al ecónomo del arzobispado, Ernesto Meléndez, además de al perito de iniciales J. P. G.
La orden del juez, que dos días antes ofrecerá formalmente el derecho a ejercer la acusación a las presuntas víctimas, la notaria M. G. A. C. y el exvicario judicial R. F. S., se produce tras recibir un informe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón que apunta indicios de la implicación de los encartados en el episodio de supuesto espionaje.
La denuncia de M. C. A. G. relata cómo del disco duro del ordenador con el que ella trabajaba en la curia fueron extraídos, entre otros contenidos, algunas conversaciones de su cuenta de Whatsapp.
Esas conversaciones, en particular las mantenidas con otros religiosos, fueron posteriormente aportadas por los responsables del arzobispado a la causa abierta contra la notaria en la vía canónica, algo que, según la denuncia, podría suponer un delito de revelación de secretos. El Código Penal contempla castigos de hasta siete años de prisión para quienes cometen un delito de ese tipo agravado por motivos ideológicos o de creencias.
La legislación permite a las empresas el control de algunas de las aplicaciones telemáticas de los ordenadores con los que trabajan sus empleados, incluido el correo electrónico y otros sistemas de mensajería, aunque la supervisión no puede afectar a los mensajes personales y, en cualquier caso, su vigilancia requiere que el afectado haya sido previamente advertido de que esta va a producirse.
La extracción de las conversaciones se produjo después de que la notaria, a la que la actual curia vincula con el proceso que llevó al Vaticano a destituir al antecesor de Jiménez, Manuel Ureña, fuera despedida de manera improcedente.
El despido provocó la inmediata dimisión de sus cargos de R. F. S. y de A. M. A., exdirector del seminario diocesano y exrepresentante de la archidiócesis en la CAI (Caja de Ahorros de la Inmaculada), una de las entidades rescatadas en el proceso de reestructuración bancaria y en cuya operativa detectó usos poco ortodoxos y una “pauta de silencio corporativo” una comisión de investigación de las Cortes de Aragón.
Según ha podido saber InfoVaticana, Jiménez Zamora no es el único arzobispo español que podría tener que comparecer ante el juez en los próximos meses por el caso «Ureña».