Unidos Podemos solicitó al Tribunal de Cuentas un informe sobre el destino de los fondos que la Conferencia Episcopal Española (CEE) recibe a través del sistema de asignación tributaria, pero los votos del PP frenan la propuesta.
Unidos Podemos ha solicitado la elaboración de un informe sobre el empleo de los fondos que la Conferencia Episcopal Española (CEE) recibe a través del sistema de asignación tributaria. La formación pretende que la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del Congreso exija a este organismo que fiscalice los fondos que la institución recibe a través de la casilla del IRPF.
«Todas las instituciones que reciben financiación pública tienen que ser sometidas a una fiscalización rigurosa para que la ciudadanía conozca a qué se destina hasta el último euro», ha señalado Segundo González, portavoz de Unidos Podemos en la Comisión Mixta para la Relación con el Tribunal de Cuentas.
Según señala la formación morada en un comunicado, la iniciativa se produce después de que el Tribunal de Cuentas se haya negado a fiscalizar cuál es el uso de los fondos que recibe la CEE por el voto en contra de los consejeros del Partido Popular.
El Tribunal de Cuentas ha publicado su programa de fiscalizaciones para el año 2017 en el que no se incorpora la propuesta de fiscalización sobre el sistema de asignación tributaria a la Iglesia Católica. Por su parte, Podemos exige información detallada «sobre la naturaleza económica de las operaciones financiadas con los recursos públicos a través del IRPF que recibe la Iglesia Católica y de su gestión económico-financiera».
‘La Iglesia se comprometió a la autofinanciación’
La formación morada sostiene que la Conferencia Episcopal debería rendir cuentas por los fondos que recibe y ha defendido la necesidad de revisar los mecanismos de financiación, 35 años después de la firma de unos acuerdos en el que se recogía el compromiso de autofinanciación.
En el artículo 2.5 del cuarto de los acuerdos suscritos entre la Iglesia católica y el Estado español en enero de 1979 la Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades.
«Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera expresada en los párrafos anteriores de este artículo, por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia católica y el Estado», se añade en el acuerdo firmado por la Iglesia católica y el Estado español.
La Conferencia Episcopal recibe cada año 250 millones de euros procedente de las declaraciones del IRPF que son utilizados para diversas cuestiones como financiar 13TV o contratar publicidad en periódicos y televisiones.
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