La cadena, participada en un 79,01 por ciento por la Conferencia Episcopal, aumentó en 2015 sus pérdidas hasta alcanzar unos números rojos de 12,8 millones de euros. El auditor, PwC, alerta de la existencia de una «incertidumbre material sobre la capacidad de la sociedad para continuar sus operaciones».
Según Ecoteuve, el canal de la Iglesia reconoce en sus cuentas que este resultado le ha encaminado a sumar un patrimonio neto negativo de 10,39 millones que junto con el fondo de maniobra, también negativo por 378.053 euros, deja a la sociedad en fase de disolución.
El propio auditor de las cuentas de la compañía, en este caso PwC, alerta de la existencia de una «incertidumbre material sobre la capacidad de la sociedad para continuar sus operaciones». Sin embargo, 13TV asegura que continuará funcionando con el apoyo financiero que recibe de la Conferencia Episcopal. De momento, la cadena dispone de una línea de crédito participativo de su accionista mayoritario «de la cual a 31 de diciembre de 2015 ha dispuesto de un importe de 5,4 millones de euros», según reconoce la propia sociedad en las cuentas que mantiene depositadas ante el Registro Mercantil. La compañía asegura que tiene expectativas de generar beneficios «a largo plazo» para mantener su continuidad y recuperar el equilibrio financiero.
En lo que respecta a los ingresos, 13TV aumentó el ejercicio pasado su facturación un 7,6 por ciento hasta los 11,02 millones. La sociedad, que busca mejorar su facturación, firmó en febrero de 2016 un acuerdo con Publimedia Gestión, empresa de Mediaset, con el objetivo de mejorar sus ventas publicitarias.
Tras ser premiada por el gobierno del Partido Popular con una de las seis licencias que repartió el Ministerio de Industria, la cadena rescindió el contrato de alquiler para pasar a emitir a través de su propia señal de resolución estándar (SD). De éste modo, 13TV ha pasado a ahorrase anualmente el millonario arrendamiento. 13TV mantenía alquilada la señal hasta marzo de 2016 a Veo TV, filial del grupo Unidad Editorial. La compañía había firmado un contrato de arrendamiento por unos 2,4 millones de euros anuales durante 15 años.