‘¿Cuántos Lamborghinis se han comprado con sangre inocente?’

por Lola González | 12 septiembre, 2015

El Congreso de EEUU comienza su investigación a la multinacional abortista Planned Parenthood, acusada de traficar con órganos humanos. Nueve grabaciones con cámara oculta a directivos de la multinacional abortista Planned Parenthood han demostrado que el gigante del aborto estadounidense se lucra con la venta de los órganos de los fetos abortados en sus clínicas a universidades y empresas de investigación científica. Estos vídeos, publicados por la asociación Centro para el Congreso Médico, han puesto al descubierto, ante la indignación de gran parte de la sociedad estadounidense, cómo los hígados, riñones y cerebros de los bebés abortados se convierten en mercancía y son vendidos al mejor postor. Las consecuencias de la publicación de este escándalo no se han hecho esperar y el tráfico de órganos de Planned Parenthood se ha convertido en uno de los principales puntos del debate de las actuales elecciones primarias republicanas. Numerosas voces se han alzado desde el Partido Republicano y otros ámbitos de la sociedad estadounidense para pedir que se deje de financiar con fondos públicos a la multinacional abortista acusada de traficar con órganos. De hecho, varios estados como Alabama, Louisiana o New Hampshire ya han anunciado que no financiarán más a Planned Parenthood, dando por finalizado su contrato con la organización. En los últimos días, 31 congresistas republicanos han firmado un manifiesto en el que se comprometen a bloquear cualquier propuesta de financiación al gobierno federal de Barack Obama mientras Planned Parenthood siga utilizando fondos públicos para sus actividades. Estos congresistas señalan que el dinero de los estadounidenses no puede de ningún modo estar destinado a financiar el tráfico de órganos humanos.  A pesar de que el Senado, gobernado por los demócratas, bloqueó la propuesta de ley republicana que pretendía acabar con la financiación a Planned Parenthood, el debate en el Congreso, gobernado por los republicanos, está siendo mucho más contundente. El Capitolio ha abierto en los últimos días una investigación con el objetivo de averiguar si en Planned Parenthood se comercia con los restos de los bebés abortados. De demostrarse estas acusaciones, los republicanos pedirían que se retire toda financiación a la multinacional abortista por quebrantar las leyes estatales y federales. El pasado miércoles 9 de septiembre tuvo lugar la primera audiencia de la investigación del Congreso que decidirá si a Planned Parenthood le serán retirados los 500 millones de dólares que hasta ahora ha recibido del Gobierno estadounidense. La investigación, dirigida por un comité judicial, lleva por título «Exponiendo a Planned Parenthood: Examinando las espantosas prácticas abortivas del mayor proveedor de abortos en el país» y pretende averiguar si son ciertas las acusaciones acerca del comercio con las partes de los bebés descuartizados que han quedado al descubierto con la publicación de nueve escalofriantes grabaciones con cámara oculta. Ni Planned Parenthood ni Centro para el Progreso Médico, asociación que destapó el escándalo, participarán en las audiencias. Durante la audiencia testificaron Melissa Ohden y Gianna Jessen, dos mujeres supervivientes de abortos. «¿Cuántos Lamborghinis se han comprado con sangre inocente?», es la pregunta que lanzó en su intervención Gianna Jessen, haciendo referencia a la macabra broma de una de las directivas que aparece en una de las grabaciones y que entre risas asegura que necesitaría vender muchos órganos para comprarse un Lamborghini. Esta mujer sobrevivió a un aborto y nació, a pesar de la voluntad de su madre, gracias a que una enfermera la llevó a un hospital donde pudieron salvar su vida, aunque no librarla de una parálisis cerebral que la ha acompañado toda la vida. Durante su intervención, hizo la siguiente reflexión: «Le pregunto a Planned Parenthood: Si el aborto tiene que ver con los derechos de las mujeres, ¿entonces dónde estaban los míos?». Otra superviviente de un intento de aborto es Melissa Ohden, quien aseguró ante el comité de investigación que «Planned Parenthood me habría matado si hubiera podido». Ohden habló en el Congreso como representante de los casi 44.000 casos de supervivientes de abortos conocidos hasta ahora. Su historia es sin duda estremecedora. En 1977, cuando su madre estaba embarazada de siete meses, se sometió a un aborto por envenenamiento salino. El aborto salió mal y Melissa acabó viva en un cubo basura. Y allí hubiera muerto si sus pulmones no se hubieran abierto, con lo que rompió a llorar y fue rescatada por los mismos médicos que habían tratado de quitarle la vida. Tras este suceso, Melissa fue adoptada, y no supo hasta los 14 años cómo había empezado su vida. ‘Los bebés nacen vivos en un aborto en Planned Parenthood’ James Bopp, abogado de la organización National Right to Life, declaró que los vídeos publicados por el Centro para el Progreso Médico demuestran sin lugar a dudas que Planned Parenthood está violando leyes federales en el caso de la obtención de tejido humano mediante la práctica ilegal de abortos, en especial los llamados de «nacimiento parcial». «Los comentarios realizados por los empleados de Planned Parenthood respecto a la obtención de tejido plantean preocupaciones creíbles de que los bebés nacen vivos después de un aborto inducido en Planned Parenthood», se plantea Bopp, que también quiso plantear al comité judicial la siguiente pregunta: «¿Planned Parenthood está protegiendo realmente a las mujeres o está tratando de proteger su línea de ingresos, asegurando que puedan obtener la mayor cantidad de dinero por cada aborto?». También testificaron durante esta primera sesión defensores de las prácticas que lleva a cabo Planned Parenthood. Una de ellas fue Priscilla J. Smith, directora del programa para el estudio de justicia reproductiva en la Universidad de Yale. Smith no sólo defendió durante su testimonio que el tejido y los órganos fetales son necesarios y beneficiosos para las investigaciones médicas, sino también el aborto por nacimiento parcial, calificándolo como «una forma humana de acabar con la vida». Asimismo, arremetió contra la asociación responsable de la publicación de los vídeos, que consideró «altamente editados» y en los que «no se presenta ninguna evidencia clara de una violación de las leyes federales por parte de Planned Parenthood». Por último, testificó ante los investigadores el congresista Jim Sensenbrenner, quien se planteó si no hay en Estados Unidos necesidades más apremiantes que se puedan cubrir con los 500 millones de dólares que se destinan a la multinacional abortista. «La pregunta es si el Congreso debería entregar esos quinientos millones de dólares a Planned Parenthood, cuando podríamos estar gastando ese dinero en alimentar a los niños hambrientos», fue la conclusión de este congresista. La próxima semana, la Cámara de Representantes tendrá que votar la aprobación de la Ley Defund Planned Parenthood de 2015 (HR 3134), que propone acabar con la financiación pública al gigante del aborto y retirar a la organización los 500 millones de dólares de los que dispone en la actualidad. «Los estadounidenses de todas las tendencias políticas merecen saber que sus impuestos se gastan con integridad», ha defendido la congresista republicana Diane Black, una de las mayores impulsoras de esta ley.