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Se hace público el protocolo de actuación de la Iglesia ante los casos de abusos sexuales

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La Conferencia Episcopal ha colgado en su página web el documento, aprobado por los obispos españoles en 2010.


El 22 de julio del año 2010, los obispos españoles aprobaron las normas que debían seguirse en todas las diócesis de la Iglesia española a la hora de enfrentarse a casos de abusos sexuales. Este documento ha estado reservado hasta la tarde de ayer, momento en el que la Conferencia Episcopal decidió publicarlo en su página web. La publicación tuvo lugar unas horas después de la rueda de prensa ofrecida por Gil Tamayo, en la que fue interrogado acerca de dicho protocolo. Este protocolo, que se ha remitido a todos los obispos, regula cuál debe ser la actuación de las autoridades eclesiásticas competentes en tres supuestos: cuando el obispo o la autoridad eclesiástica «es informado a través de una denuncia privada o tiene conocimiento por rumores» de los abusos antes que la Policía y las autoridades judiciales, cuando se conocen los hechos por «una denuncia ante la Policía, el Juzgado o el Ministerio Fiscal» o cuando la autoridad eclesiástica tiene conocimiento del delito «a través de una confidencia o relación de confianza mutua del propio sacerdote o religioso». En el primer caso, cuando los abusos se denuncian primero a las autoridades eclesiásticas, el protocolo de actuación es el siguiente: 1--El Sr. Obispo o su delegado se entrevistará, lo antes posible, con el denunciante, en presencia de un testigo, para cerciorarse de la seriedad de la denuncia y, si es posible, se ratifique. Se redactará un Informe escrito para dejar constancia del hecho. 2-El Sr. Obispo o su representante tendrá un encuentro, a la mayor brevedad, y si pareciera oportuno con la presencia de un testigo, con el sacerdote o religioso denunciado, para informarle de los hechos de que es acusado y de los trámites que van a seguirse: garantizarle el respeto de sus derechos, en especial el de presunción de inocencia; ofrecerle la ayuda que necesite; prohibirle todo contacto con el denunciante, la presunta víctima y su familia e informarle, cuando las circunstancias lo aconsejen, de las medidas-cautelares- que se piensan adoptar sobre su persona en relación a sus actuales actividades pastorales. Se redacta un Informe para dejar constancia de lo expuesto. 3-Se contactará con un abogado para saber si, a la vista de lo actuando hasta el momento, hay indicios racionales de la comisión de un hecho delictivo. Caso afirmativo, la Autoridad eclesiástica invita o aconseja, en un primer momento, a los denunciantes a presentar ellos mismos la denuncia ante la Policía, el Ministerio Fiscal o el Juzgado de Instrucción, conforme exige la ley en este tipo de delitos y se indica en el apartado siguiente. 4-En los delitos de abusos sexuales, si la víctima es mayor de edad, sólo puede presentar la denuncia la persona agraviada. Si es menor, los representantes legales o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia. Si la víctima es menor de edad, incapaz o una persona desvalida, bastará denuncia del Ministerio Fiscal. 5-Cuando de los hechos denunciados y de las averiguaciones realizadas existan dudas razonables sobre la veracidad de los hechos, la Autoridad eclesiástica archivará las actuaciones y comunicará a los denunciantes que ejerciten, si lo estiman conveniente, las acciones jurídicas que consideren oportunas, asumiendo la responsabilidad que proceda. Después de informar de estas directrices, el documento subraya la importancia, al igual que hizo el Secretario de la Conferencia Episcopal en su rueda de prensa, de proceder «con la máxima cautela» cuando el conocimiento de los abusos se basa en rumores, para no caer en la calumnia ni vulnerar el derecho a la presunción de inocencia. En el segundo supuesto, cuando se tiene conocimiento del delito a través de la opinión pública o las autoridades judiciales, se deberá actuar de la siguiente manera: 1-Se han de tener en cuenta las consideraciones generales señaladas en este Protocolo. Se contactará de inmediato con uno de los abogados previamente escogidos y se prestará la colaboración que sea necesaria a la Policía o a la Administración de Justicia. 2.-Si el sacerdote o religioso ha prestado declaración y ha reconocido los hechos de los que se le acusa, es importante asegurarle el acompañamiento que proceda, advirtiéndole las consecuencias civiles y canónicas derivadas de su conducta. 3.-En tanto no se produce la sentencia condenatoria, se ha de respetar la presunción de inocencia, sin dejar de adoptar las medidas cautelares canónicas que sean procedentes. 4.- En cuanto a la situación procesal del acusado: asegurarse de que pueda tener un interlocutor a fin de poder evaluar su estado físico, psicológico y espiritual, así como su defensa jurídica. Caso de que esté en situación de libertad provisional anterior al proceso, se determinará el lugar de acogida, etc Por último, cuando la autoridad eclesiástica tiene conocimiento del delito «a través de una confidencia o relación de confianza mutua del propio sacerdote o religioso»: 1. Con carácter general, los representantes de las distintas Instituciones u Órganos eclesiásticos tienen el deber de denunciar todos los delitos de que tengan conocimiento, incluidos los cometidos por quienes actúan a su cargo o bajo su dirección. (…) 2. No obstante lo anterior, no existe encubrimiento ni infracción penal alguna, por no denunciar un delito del que se ha tenido conocimiento en ejercicio de las funciones del ministerio sacerdotal o religioso, ni obligación de declarar como testigo en procesos civiles ni penales respecto 3. La anterior conclusión se deduce de las siguientes disposiciones legales: “En ningún caso las autoridades eclesiásticas, clérigos o religiosos podrán ser requeridos por los jueces u otras autoridades para dar información sobre personas o materias de que hayan tenido conocimiento por razón de su ministerio” (art. II.3 Acuerdo con la Santa Sede de 28 julio 1976), o “respecto de las noticias que se les hubieren revelado en el ejercicio de las funciones de su ministerio” (LECr, art. 263). Conviene recordar que los eclesiásticos tampoco podrán ser obligados a declarar como testigos sobre los hechos a que se refieren el párrafo anterior (art. 417 LECr.). El contenido de estos preceptos excede de lo que sería exclusivamente el secreto de confesión, para extenderse a otros menesteres espirituales distintos del estricto sacramento de la penitencia. El reconocimiento al clérigo o religioso del derecho a no declarar debe interpretarse como una manifestación de respeto a la libertad de conciencia, tanto del ministro de culto, como de la persona que confió su secreto en ejercicio de la libertad religiosa. Se otorga una exención, no una prohibición de declarar o testificar. 4. Como límite o excepción a los principios generales señalados en los apartados anteriores, la Autoridad eclesiástica, sacerdote o religioso que tenga conocimiento de hechos que revisten los caracteres de delito contra la libertad sexual, tiene la obligación de denunciar la próxima o actual comisión de un delito, sin que sea un obstáculo el haber tenido noticia de ello con motivo o con ocasión de la dirección espiritual o confidencia del propio interesado. En definitiva, si no se impide la comisión de un delito del que se tenga noticia o no se acude a la autoridad o sus agentes para que lo impidan, y la ruptura de la confidencialidad no se produce, en estas circunstancias, se abre el camino a la apreciación del delito del artículo 450 del Código Penal, concurrentes el resto de requisitos típicos. 5. El reconocimiento al clérigo o religioso de un derecho a no declarar debe interpretarse como una manifestación de respeto a la libertad de conciencia, tanto del ministro de culto, como de la persona que confió su secreto en ejercicio de la libertad religiosa.  

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