Prisión de tres años por objetar frente al «matrimonio» homosexual

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El pasado viernes el Consejo Constitucional francés asestó un nuevo golpe a la libertad de conciencia, afirmando que los alcaldes y oficiales del estado no pueden negarse a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo por razones religiosas o morales. Si persisten en la negación, pueden ser castigados con una pena de hasta tres años.

Frente al derecho de los homosexuales al matrimonio , no existe, según el Consejo Constitucional, el derecho a la objeción de conciencia.

Esto no es cuestión de cuatro gatos. Los alcaldes y los objetores políticos locales y nacionales en Francia son más de veinte mil. Y los laicistas, que apelan a la conciencia con tanta frecuencia, fueron capaces de dar prioridad a la idea de que hay «zonas francas» – en especial la de los derechos gay – donde la libertad de conciencia no es aplicable.

El problema es global, y se refiere a una frontera crucial de la libertad amenazada por la dictadura del relativismo. En abril de 2012, en su carta pastoral sobre la libertad religiosa, los obispos de Canadá habían alzado sus voces para recordar la norma contenida en el n.2242 del Catecismo de la Iglesia Católica: «El ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos sean contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles, cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia, tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y al servicio de la comunidad política. «Dad al César lo que es del César ya Dios lo que es de Dios» (Mt 22:21). «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres» (Hechos 5:29).

El problema fue similar al de los franceses : en Canadá, los obispos explicaron, «en cuatro provincias (Columbia Británica, Manitoba, Terranova, Saskatchewan) los oficiales del estado civil, tienen que celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo o renunciar a su cargo público «. ¿Renunciar? En Francia, se va a la cárcel, y hay alcaldes de los Estados Unidos que han terminado en la cárcel por las mismas razones.

Los alcaldes de Francia apelarán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero con pocas esperanzas. De hecho, 15 de enero de 2013, el mismo tribunal falló en contra de la Sra. Lilian Ladele en un caso frente al Reino Unido:

Ladele Hall, de Londres, era una empleada que estaba a cargo de la realización de matrimonios civiles. En 2007, después de que Gran Bretaña hubiera introducido la celebración de uniones civiles entre homosexuales, la empleada sostuvo que su conciencia cristiana le impedía celebrarlas. Dado que la ley británica no contempla la posibilidad de la objeción de conciencia en estos casos, fue despedida.

En el caso de Ladele el Tribunal de Justicia declaró que corresponde a los tribunales nacionales decidir en cuanto a qué debe prevalecer entre dos derechos diferentes en conflicto, ambos protegidos por la Convención Europea de Derechos Humanos, «El derecho de los homosexuales a la no discriminación y el derecho a la libertad religiosa.» Por lo tanto, los tribunales ingleses tenían legitimidad para dar prioridad a los derechos de los homosexuales, y se ratificó la destitución de Ladele.

En el caso de Ladele el Tribunal Europeo también ha mostrado peligrosamente que cuando se trata de bodas y uniones entre personas del mismo sexo, los jueces creen que la libertad religiosa se ​​puede poner entre paréntesis, negando el derecho a la objeción de conciencia a los funcionarios públicos.

Corren malos tiempos para la libertad de conciencia, pero como se ha demostrado en Francia con la Manif per Tous, la batalla sólo puede ser ganada por un gran movimiento social. De los jueces y los políticos no se puede esperar nada.

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