La gestión de la Conferencia Episcopal Española (CEE) frente a los casos de abusos sexuales en la Iglesia vuelve a quedar en entredicho. Mientras las víctimas continúan denunciando silencio y desprotección, los prelados han optado por replegarse, incluso en actos de conciliación convocados por quienes han sufrido en carne propia los abusos.
El 17 de julio, el portal digital Religión Digital publicó que varios dirigentes eclesiales —entre ellos Fernando Giménez Barriocanal, Carlos Dagnino y Josetxo Vera— estaban al tanto de la filtración de datos sensibles de víctimas por parte del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, encargado del informe sobre abusos en la Iglesia española. Según esa información, el mal manejo de la documentación habría puesto en riesgo la confidencialidad de los afectados, poniendo en tela de juicio la credibilidad del proceso de escucha y reparación promovido por la CEE.
El 27 de agosto, fecha que había sido agendada, ninguna autoridad episcopal se presentó en el acto de conciliación solicitado por una de las víctimas cuyos datos aparecieron en el polémico portal Para dar luz. Este instrumento, promovido por la CEE para cuestionar la auditoría encargada —y generosamente pagada— al bufete Cremades, expuso la identidad de medio centenar de supervivientes que habían confiado sus testimonios a la Iglesia. La publicación fue calificada por los obispos como un «error» derivado de una «brecha digital», pero la responsabilidad se la siguen disputando entre la CEE y Cremades.
Al acto asistieron únicamente representantes del despacho Cremades, quienes rehusaron asumir el fallo informático ante el abogado de la víctima, Luis Felipe Gómez Ferrero, según relató Susana Arizaga en La Opinión de Zamora. El letrado denunció que la filtración «ha menoscabado la dignidad de este ciudadano» que padeció abusos siendo menor de edad. Tras la incomparecencia de la CEE, Gómez Ferrero prepara ahora una demanda que incluirá al menos a ocho afectados por este “error”.
“El despacho de abogados dice que entregaron un documento que no era para colgar en la red, sino para información y uso interno de la Iglesia, ya que si hubiera sido para hacer público, aseguran que ellos mismos se habrían ocupado de evitar que se difundieran nombres y apellidos de las víctimas”, explicó el abogado. La disparidad de criterios ha impedido alcanzar un acuerdo para indemnizar a la víctima: Cremades señala a la CEE como responsable, mientras que ésta intenta trasladar la culpa al bufete.
La demanda, que se presentará en las próximas semanas ante los juzgados de Madrid, sostendrá que la filtración constituye «una intromisión ilegítima cuando perjudica gravemente la reputación o el buen nombre de una persona». Mientras tanto, las víctimas siguen esperando algo más que excusas: esperan verdad, justicia y dignidad.
La diferencia de trato no pasa desapercibida. La CEE calla ante los escándalos internos más dolorosos y evita asumir responsabilidades, pero no duda en reaccionar rápidamente en otras situaciones externas, como ocurrió en el caso de Jumilla, cuando los obispos salieron a defender públicamente a la comunidad musulmana.