Durante el anterior pontificado, la Iglesia asistió a un fenómeno inquietante: la persecución sistemática de seminaristas, formadores y obispos vinculados a la tradición litúrgica y doctrinal, ejecutada sin transparencia y, en muchos casos, sin atenerse a los principios más básicos del derecho canónico. No hablamos de una caricatura conspirativa, sino de hechos documentados que dejaron tras de sí centenares de situaciones personales profundamente injustas.
El caso del seminario de San Rafael, en Mendoza (Argentina), es emblemático. Cerrado en 2020 por orden directa de la Santa Sede, tras una polémica sobre la recepción de la comunión en la mano (a la que querían obligar), dejó decenas de seminaristas desplazados o desanimados. Se trataba del segundo seminario más vocacional del país. Muchos de esos jóvenes jamás pudieron reubicarse o retomar su camino. Algunos salieron del ministerio. Otros quedaron atrapados en diócesis donde eran vistos como “problemáticos” por su fidelidad a la tradición, otros han tenido que perseverar en tierra de misión a miles de kilómetros de su casa y a día de hoy aún no han sido ordenados.
El caso de Fréjus-Toulon, en Francia, es igualmente claro. En 2022, el Vaticano prohibió todas las ordenaciones en la diócesis, paralizando el seminario La Castille, que contaba con más de 60 seminaristas en formación. ¿El motivo? Problemas difusos de “discernimiento estructural”. El resultado fue la destrucción silenciosa del seminario más fecundo de Francia, con una larga lista de vocaciones frustradas.
También en Estados Unidos, en enero de 2019, el cardenal Blase Cupich ordenó el cierre del St. Joseph College Seminary de Chicago. En ese momento contaba con 20 seminaristas. La decisión fue tomada de forma unilateral, sin consultar a la junta asesora del seminario, y bajo el argumento de “cambios demográficos”. Su cierre fue interpretado como parte del mismo patrón: eliminar espacios eclesiales donde florece una identidad católica fuerte y sin complejos.
Estos tres casos —San Rafael, Fréjus-Toulon y Chicago— son solo algunos ejemplos notorios, pero desgraciadamente no únicos. Todos se concentran en el periodo 2019 a 2023, que hoy ya puede describirse con claridad como una etapa de radicalización de la persecución institucional contra entornos tradicionales y fértiles en vocaciones.
Una propuesta concreta de reparación institucional
Ante esta realidad, ¿cabe una reparación? No solo cabe: urge moralmente. En apenas unos años se desmantelaron —por motivos ideológicos— seminarios vibrantes y comunidades enteras de formación sacerdotal. Se trata de cientos de vocaciones truncadas, desplazadas o heridas, en un momento en que muchas diócesis claman por falta de sacerdotes. No es cuestión de rencor ni de revancha: es una cuestión de justicia pastoral y caritativa con cientos de jóvenes llamados al sacerdocio.
Una solución concreta y realista sería la creación de una comisión especial de reparación, impulsada por el Dicasterio para el Clero, con el fin de localizar a los afectados, ofrecerles la posibilidad de regresar a sus diócesis, homologar sus estudios sin exigirles repetir años innecesarios, y acompañarlos espiritual y canónicamente en la recuperación de su vocación. Lo que se destruyó no fueron ideas, sino almas generosas que respondieron al llamado de Dios y fueron silenciadas por una maquinaria institucional que hoy debe —al menos— ofrecerles un camino de regreso.