El Tribunal de Cuentas ha acordado la apertura de diligencias tras una denuncia presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos, que señala posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos al centro de abortos Dator, ubicado en Madrid. La denuncia afecta a un total de 24 contratos adjudicados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a la empresa Partner Line S.A., anterior gestora del establecimiento.
Adjudicaciones tras declaración de disolución
Según la denuncia, la Comunidad de Madrid habría adjudicado contratos menores por valor de 156.251,19 euros a Partner Line S.A. incluso después de que esta empresa fuese declarada en disolución en octubre de 2023. En dicha situación, la normativa establece que la capacidad de administrar y disponer de bienes y derechos recae en un administrador concursal, en este caso Guillermo Alfonso Sánchez, quien posteriormente fue inhabilitado para administrar bienes ajenos durante dos años.
Abogados Cristianos sostiene que estos contratos serían nulos de pleno derecho, ya que se habrían otorgado en un momento en el que la empresa estaba legalmente incapacitada para contratar con la administración pública. Por ello, la asociación solicita al Tribunal de Cuentas que ordene el reintegro de las cantidades adjudicadas.
Antecedentes y cambios societarios
El centro Dator fue el primer negocio de aborto legalizado en España tras la aprobación en 1985 de la primera ley que despenalizaba esta práctica en tres supuestos. Desde entonces, más de tres millones de abortos han sido registrados en el país.
Partner Line S.A., que operaba el centro Dator, habría estado inmersa en un procedimiento concursal desde el año 2015, lo que, según la Ley de Contratos del Sector Público, podría haber limitado su capacidad para contratar con administraciones públicas ya desde entonces. A pesar de ello, la denuncia actual se centra únicamente en los contratos firmados tras su disolución formal.
El centro Dator fue vendido recientemente a una nueva sociedad: Soluciones Médicas Innovadoras (SOLMEDIN), constituida a principios de 2024. Al frente de esta se encuentra Dámaso Pérez, conocido empresario del sector abortista en España, quien figura como presidente y consejero delegado de la compañía.
Reclamación de responsabilidades
El Tribunal de Cuentas, como órgano constitucional encargado de fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público, deberá analizar si procede iniciar un procedimiento de responsabilidad contable. De confirmarse las irregularidades, podría ordenarse la restitución de los fondos públicos adjudicados de forma indebida.
Abogados Cristianos ha subrayado la necesidad de esclarecer si la Comunidad de Madrid ha infringido la normativa vigente, y si procede la depuración de responsabilidades por la adjudicación de contratos a una entidad en situación concursal.