Estos días, a través del portal de Contratación del Estado, se ha tenido noticia de la inminente participación de la Archidiócesis de Madrid en el concurso de resignificación del Valle de los Caídos, a través de la inclusión de un cargo institucional de la Archidiócesis como miembro del jurado que decidirá la propuesta ganadora. Este hecho supondría un golpe mortal a la pervivencia de la Basílica de la Santa Cruz y de la comunidad benedictina.
El pasado mes de abril, la Conferencia Episcopal Española emitió un comunicado de prensa manifestando que
«la Iglesia Católica nunca ha sido promotora ni impulsora de las actividades de resignificación que el Gobierno de España quiere llevar a cabo en el Valle, limitándose a salvaguardar los acuerdos vigentes desde el inicio ante las intervenciones estatales. El Gobierno toma la iniciativa lanzando un concurso de ideas sin contar con la Iglesia acerca de los pormenores o cuestiones que deberían ser concretadas con anterioridad, por si no se respetan los espacios y la sensibilidad religiosa.»
Si bien el mismo comunicado hizo referencia a que «una persona propuesta por la Iglesia Católica revisará el proyecto final ganador del concurso antes de su ejecución para asegurar que los acuerdos son respetados y las intervenciones son acordes con las normas litúrgicas», la publicación emitida por el Gobierno evidencia que ese poder de revisión ha quedado reducido a la inclusión del padre Daniel Escobar Portillo, Delegado Episcopal de Liturgia, como uno de los 10 miembros de un jurado relativo a un concurso preñado de irregularidades técnicas y jurídicas, pero sobre todo con la clarísima intención, literalmente expresada en los pliegos, de profanar y violentar la sacralidad de un templo unilateralmente.
El concurso habilita, entre otras cosas, la profanación de la capilla del Santísimo, la nave central y el resto de capillas dedicadas a la Virgen, entre otros elementos. La Iglesia pasaría así de tener un poder de revisión del proyecto a un simple voto en un jurado de diez personas.
Además, la inclusión de un representante de la Iglesia en el jurado funciona como aval de la decisión del mismo, pues se entiende que el voto final del jurado, alcanzado por mayoría, justificará las acciones subsiguientes del proyecto ganador. Con la inclusión de un miembro de la Archidiócesis en este jurado, se pierde toda posibilidad futura de enfrentarse a la resignificación unilateral de un recinto sagrado por parte del poder político. Participar en el jurado equivale a un asentimiento y conformidad con la resignificación.
Ante la publicación oficial de esta sorprendente participación de la Archidiócesis de Madrid en dicho jurado, el cardenal Cobo debería aclarar si ha sido notificado de la misma y ha dado, o no, su consentimiento. En el caso de haber aceptado, además de ligar su destino al de un proceso flagrantemente irregular y al de un Gobierno al que la propia CEE ha pedido un adelanto de elecciones por razones comprensibles, supondría inevitablemente la profanación de la basílica de la Santa Cruz, la salida de la comunidad benedictina y el final del Valle de los Caídos como lugar de culto y religioso.