El PP se suma al PSOE para castigar con cárcel a padres y médicos que rechacen la “terapia afirmativa”
El Congreso de los Diputados ha aprobado esta semana una proposición de ley del PSOE para castigar con hasta dos años de prisión a quienes practiquen o consientan las denominadas “terapias de conversión”. Estas penas se aplicarán a cualquier intento de modificar, reprimir, eliminar o negar la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género de una persona, incluidas las actuaciones de padres, médicos, psicólogos o educadores.
El texto plantea introducir un nuevo artículo 173.bis en el Código Penal, que tipifica como delito la aplicación de «actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión» —de carácter psicológico, físico, farmacológico o de cualquier otra naturaleza— cuando afecten la integridad física, mental o moral de la persona.
En caso de que la víctima sea menor de edad, o si los hechos se cometen con violencia, engaño, superioridad, ánimo de lucro o por parte de una organización, la pena se aplicará en su mitad superior. Además, se prevé inhabilitación especial hasta cinco años para el ejercicio de la patria potestad o profesiones relacionadas con menores, si el juez lo considera oportuno.
Padres y tutores también serán penalizados
El PSOE propone que estas penas también se apliquen a los padres, madres o tutores que «consientan, promuevan, favorezcan o faciliten» la realización de estas prácticas. Esto incluye el riesgo de que se les retire temporalmente la patria potestad o se les impida trabajar con menores, incluso si su actuación responde a criterios médicos o psicológicos prudenciales.
Motivación ideológica de la norma
Según la exposición de motivos, el PSOE considera que estas intervenciones constituyen una forma de “violencia” contra el colectivo LGTBI y justifica el uso del Derecho Penal como “última ratio” para erradicar prácticas que “denigran” la diversidad sexual. Añaden que las terapias de conversión no son casos aislados, sino una amenaza creciente, especialmente por su difusión a través de plataformas digitales.
Críticas por parte de juristas y asociaciones de familia
La abogada Paula Fraga ha calificado la medida como “gravísima”, argumentando que “criminaliza a profesionales de la salud que hagan su trabajo y a padres que velen por el bienestar de sus hijos”. Según ha denunciado, “llaman terapia de conversión a la negativa a hormonar a menores sin evaluación psicológica previa”.
Fraga sostiene que “miles de menores mal diagnosticados serán empujados a una transición médica irreversible”, mientras que quienes traten de evitarlo “se enfrentarán a la cárcel”. Denuncia además que esta normativa fortalece “la puerta giratoria de los políticos progresistas con la industria farmacéutica”.
El apoyo del Partido Popular
El voto favorable del Partido Popular ha generado una fuerte polémica. Aunque el partido prometió derogar la ley trans si llegaba al Gobierno, ha respaldado la propuesta del PSOE junto a nacionalistas y partidos de izquierda. Sólo Vox votó en contra y UPN se abstuvo.
“Otra muestra de que el PP es el PSOE cinco minutos después”, criticó Fraga, acusando a los populares de abandonar la defensa de la infancia y entregar el sentido común a Vox. El giro del PP ha sido percibido como una traición por parte de sectores conservadores, que consideran esta ley una herramienta ideológica para imponer una visión única del ser humano y la sexualidad.
Consecuencias legales y sociales
Con esta modificación del Código Penal, España se convierte en uno de los pocos países de Europa que impone penas de prisión a los padres o profesionales que rechacen el modelo de “afirmación inmediata” en casos de identidad de género, incluso en menores.
La nueva ley podría tener un impacto significativo en la práctica médica, educativa y familiar, restringiendo la libertad de conciencia y el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. El castigo penal y la amenaza de perder la patria potestad podrían acallar voces críticas en el ámbito clínico y académico.
Desde InfoVaticana, seguiremos informando sobre las consecuencias jurídicas, sociales y morales de esta medida que ya ha sido calificada por algunos juristas como una “criminalización del disenso médico y familiar” frente a la ideología de género.