Señalan a Mons. Aníbal Nieto, obispo español de San Jacinto (Ecuador), por encubrir casos de abusos

Aníbal Nieto, obispo de San Jacinto

Graves acusaciones llegan desde Ecuador sobre la gestión de Mons. Aníbal Nieto, Obispo de la Diócesis de San Jacinto. 

Durante su gestión, Mons. Nieto ha sido señalado por irregularidades administrativas, un control centralizado y cuestionado del manejo económico, y serios problemas de salud mental que, según allegados, no ha tratado adecuadamente. Los feligreses han denunciado que el obispo ha manejado arbitrariamente las ofrendas de la catedral y el santuario de la diócesis, incumpliendo presuntamente las normativas del derecho canónico.

Además, se han generado quejas por las exigencias económicas impuestas a grupos parroquiales, vicarias y escuelas, en forma de rifas, recaudaciones y donativos obligatorios, cuyos destinos finales son inciertos. Fuentes cercanas indican que Karina López, administradora general de la diócesis, y Jackson Enrique Ibarra Bajaña, coordinador educativo, son los responsables directos del manejo de estos recursos, con plena autorización del obispo.

Escándalos y encubrimiento de abusos por parte de sacerdotes

Lo más grave, sin embargo, son las denuncias de encubrimiento de abusos sexuales y la protección a sacerdotes involucrados en delitos de esta índole. Entre los casos que han salido a la luz destaca el de José Mercedes Yamunaque, recibido en la diócesis en febrero de 2024, pese a rumores sobre abusos cometidos en el Vicariato de Galápagos. Yamunaque fue acusado de violar a un menor que servía como monaguillo en una parroquia de la diócesis, un hecho del que el obispo Nieto, junto con Karina López y Jackson Enrique Ibarra Bajaña, estaba al tanto, según fuentes. En lugar de denunciar el caso, presuntamente intimidaron a la familia de la víctima y les ofrecieron dinero para guardar silencio. Actualmente, Yamunaque se encuentra en Perú con conocimiento y permiso de Mons. Nieto, quien evitó cualquier tipo de investigación interna seria.

Otro caso que ha generado alarma es el del sacerdote Víctor Andrés Restrepo, conocido por sus vínculos con grupos de crimen organizado, específicamente con Los Choneros. Restrepo ha sido acusado de abusos sexuales, desvío de fondos e intimidación. Testimonios señalan que utilizaba recursos de la Iglesia para actividades ilícitas como lavado de dinero a través de instituciones educativas y proyectos de construcción. Restrepo, quien nunca pasó por un seminario formal según documentos disponibles, habría sido ordenado presbítero en circunstancias irregulares. En 2024, enfrentó denuncias por acoso sexual y abuso de menores, pero en lugar de ser suspendido, solicitó un año sabático que le fue concedido por Mons. Nieto. La diócesis incluso emitió un comunicado en noviembre de 2024 calificando como «difamaciones» las denuncias en su contra, lo que ha indignado a los feligreses que aseguran tener pleno conocimiento de los hechos.

Las víctimas de estos abusos han enfrentado revictimización y presiones psicológicas. En algunos casos, familias han recibido amenazas de grupos vinculados al crimen organizado, lo que ha dificultado las denuncias. Entre los feligreses crece la preocupación por la falta de acción de la jerarquía eclesiástica, incluyendo el Nuncio Apostólico, que no ha tomado medidas significativas para investigar los casos ni proteger a las víctimas. Esta situación ha llevado a cuestionar la autoridad moral del obispo Nieto para liderar la diócesis, especialmente considerando que está próximo a dejar su cargo.

La llegada de un nuevo obispo a la diócesis plantea varias interrogantes sobre el manejo futuro de estas denuncias y el papel de la Iglesia en la reparación del daño a las víctimas. ¿Habrá un cambio en el enfoque o se mantendrá el espíritu de cuerpo que ha caracterizado a la jerarquía eclesiástica en este caso? Las organizaciones civiles y religiosas claman por investigaciones independientes y sanciones claras para quienes han actuado como cómplices o encubridores. Mientras tanto, las víctimas y sus familias continúan esperando justicia.

Al cierre de esta edición, la diócesis de San Jacinto no ha respondido a las preguntas planteadas por InfoVaticana.