La fase de apelación del llamado caso Becciu, el proceso penal más complejo y controvertido celebrado en el Vaticano en tiempos recientes, ha colocado en el centro del debate una cuestión especialmente delicada: el papel del papa Francisco en la aprobación de normas excepcionales que habrían condicionado de manera decisiva el desarrollo del juicio.
El proceso, iniciado en 2021, examinó presuntas irregularidades en una operación inmobiliaria en Londres que ocasionó pérdidas millonarias a la Secretaría de Estado. La sentencia, dictada en diciembre de 2023, supuso un hito histórico al culminar con la condena del cardenal Angelo Becciu, la primera de un purpurado en un tribunal penal vaticano. Desde entonces, la causa no ha dejado de generar controversia.
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Decretos papales no publicados durante el juicio
En las audiencias de apelación celebradas entre el 3 y el 5 de febrero, la defensa de Becciu y del resto de condenados ha centrado su estrategia en denunciar que el juicio estuvo viciado desde su inicio. Según informó Rome Reports, uno de los puntos clave es la existencia de decretos firmados por el papa Francisco durante la instrucción del proceso, que modificaron normas procesales esenciales.
Según la defensa, estos decretos no fueron publicados oficialmente ni comunicados a los acusados, lo que les impidió conocer las reglas reales bajo las que estaban siendo juzgados. Esta circunstancia, sostienen, vulneró garantías básicas del derecho de defensa y alteró el equilibrio procesal.
La acusación ha defendido la validez de los decretos alegando que el Papa tiene plena potestad legislativa en el Estado de la Ciudad del Vaticano y que la no publicación respondió a motivos de seguridad, una práctica que —afirman— no sería inédita en la historia reciente de la Santa Sede.
¿Autoridad pontificia o instrumentalización?
La cuestión planteada en la apelación va más allá de la legalidad formal. El interrogante central es si el papa Francisco firmó esos decretos con pleno conocimiento de su impacto concreto en un proceso penal en curso, o si actuó a partir de información parcial proporcionada por quienes impulsaban la acusación.
No se trata de poner en duda la autoridad del Romano Pontífice, sino de determinar si esa autoridad fue utilizada de forma instrumental, afectando a la imparcialidad del juicio. La defensa sostiene que el Papa pudo haber sido inducido a aprobar normas excepcionales sin una visión completa de sus consecuencias jurídicas.
Un proceso debilitado por decisiones posteriores
La apelación se desarrolla además en un contexto poco favorable para la acusación. El fiscal vaticano Alessandro Diddi intentó recurrir las condenas al considerar que algunas penas eran demasiado leves, pero su recurso fue rechazado por un defecto formal en los plazos, lo que cerró definitivamente cualquier posibilidad de agravarlas.
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Este revés dejó a los acusados en una posición procesal clara: en la apelación solo es posible una reducción o anulación de las penas, no su endurecimiento. Poco después, en enero, el propio fiscal presentó su dimisión, un hecho que añade más interrogantes sobre la conducción del caso.
A estos episodios se suman otras incidencias procesales registradas a lo largo del procedimiento, como audiencias suspendidas inesperadamente y decisiones que han alimentado la percepción de un juicio improvisado y jurídicamente frágil.
La intervención del papa León XIV
Ante la gravedad de las cuestiones planteadas, la defensa ha solicitado la intervención del papa León XIV para esclarecer cómo y en qué contexto se aprobaron los decretos firmados por su predecesor, y para delimitar con claridad la relación entre la autoridad pontificia y la actuación de fiscales y jueces.
Lo que está en juego no es únicamente el destino judicial del cardenal Becciu, sino la credibilidad del sistema de justicia vaticano y la forma en que se ejerció la autoridad papal durante el pontificado de Francisco en un proceso penal sin precedentes.
Un juicio bajo revisión
Concluidas las audiencias, la Corte de Apelación del Vaticano se encuentra ahora en fase de deliberación. Deberá decidir si los decretos papales fueron legítimos en su aplicación concreta, si el proceso respetó las garantías fundamentales y si la sentencia de primera instancia puede sostenerse o debe ser corregida de manera sustancial.