¿Dónde está la transparencia?
La Fundación Fusara nació para administrar un patrimonio donado con fines sociales y reglas explícitas. Lo que debería ser ejemplaridad se ha convertido en opacidad: no hay informes públicos desglosados, ni acceso a actas, ni criterios publicados que expliquen la decisión de vender los inmuebles. ¿Cómo se justifican operaciones millonarias que impactan a cientos de inquilinos sin información previa y contrastable? En una fundación, la transparencia es obligación moral y legal, no un añadido opcional.
Si había que deshacerse de los activos, ¿por qué precisamente a un fondo especulativo?
Aun aceptando que la Fundación necesitara liquidez o simplificar su gestión patrimonial, existían alternativas: venta a familias, cooperativas, entidades sociales o licitaciones abiertas en el mercado con condiciones pro-inquilino. Optar por un fondo especulativo sugiere que se priorizó la rapidez o cierta conveniencia sobre el interés social y la misión fundacional. ¿Esa es la vara de medir de una obra vinculada a la Iglesia?
¿Por qué no un concurso público, con todas las garantías y con luz y taquígrafos?
Un proceso abierto habría garantizado concurrencia, precio justo y trazabilidad. No se hizo. Se negoció en privado, en despachos, con sociedades de reciente creación y escaso respaldo económico. La ausencia de publicidad alimenta sospechas de favoritismos, conflictos de interés o irregularidades. ¿Qué se quiso evitar evitando la luz pública?
¿Por qué a una trama societaria recién creada, con capital ridículo y con administradores bajo investigación judicial?
Es el punto más inquietante: compañías con pocos meses de vida, sin acreditada experiencia inmobiliaria y con capital mínimo, administradas por personas investigadas por estafa y corrupción. ¿Cómo se superaron los controles de due diligence y de riesgo reputacional? Poner el hogar de cientos de familias en manos de ese perfil no es solo imprudente: compromete la credibilidad moral de la Archidiócesis.
El resultado…
Hoy, ninguna de estas preguntas tiene respuesta oficial. Se utilizó el caso para ajustar cuentas internas y, ya en el arzobispado, se ha actuado con menos escrúpulos que el antecesor. El resultado: una operación turbia, vecinos en vilo y un arzobispo que calla. Y con cada día de silencio, la percepción de complicidad crece.