La Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP) y la Conferencia de Institutos Religiosos de Portugal (CIRP) han dado un paso significativo al aprobar unánimemente la concesión de indemnizaciones económicas para víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia católica en Portugal.
Este anuncio, realizado en abril, representa un compromiso firme de la institución para reconocer y reparar el daño sufrido por las víctimas, sean niños o adultos vulnerables.
Desde el 1 de junio, las víctimas pueden presentar formalmente sus solicitudes de indemnización, en un proceso que estará abierto hasta el 31 de diciembre de 2024. La CEP ha publicado un reglamento detallando los procedimientos para esta iniciativa, en colaboración con las Comisiones Diocesanas para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables, los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, y el Grupo VITA, una organización especializada en estos temas.
El proceso de indemnización tiene como objetivo proporcionar un «beneficio significativo» que refleje la gravedad del daño, más allá de una mera compensación simbólica. La iglesia busca así cumplir con un deber de solidaridad hacia quienes vieron traicionada su confianza. Este esfuerzo se alinea con las directrices del Papa Francisco y subraya la intención de la Iglesia de enfrentar estas problemáticas de manera abierta y responsable.
Requisitos y Procedimiento
Las personas que hayan sido víctimas de abusos sexuales en el contexto de la Iglesia pueden solicitar la compensación ante el Grupo VITA, las Comisiones Diocesanas correspondientes o los Institutos Religiosos y Sociedades de Vida Apostólica. Las solicitudes deben incluir datos específicos sobre el abuso, como el nombre del agresor, la fecha y el lugar aproximado de los hechos, y una breve descripción de lo ocurrido.
Evaluación y determinación de compensación
Un Comité de Instrucción, compuesto por expertos en psicología forense y derecho, evaluará cada caso para determinar la veracidad de los hechos y la relación causal con los daños alegados. Luego, un Comité de Fijación de Retribuciones, integrado principalmente por abogados, determinará la cantidad de la indemnización, considerando la gravedad del caso y cualquier compensación previa recibida por la víctima.
El pago de las indemnizaciones será gestionado por la CEP a través de un fondo especial, financiado solidariamente por todas las diócesis portuguesas, así como por Institutos Religiosos y Sociedades de Vida Apostólica. La Iglesia Católica ha reafirmado su compromiso de continuar ofreciendo apoyo médico, psicológico y espiritual a las víctimas, independientemente de la concesión de la compensación económica.