El CGPJ considera reprobar la actuación del consistorio después de que la juez encargada de investigar un presunto delito contra los sentimientos religiosos haya solicitado amparo.
El 1 de mayo de 2014, un grupo feminista simuló una procesión en la que llevaron en andas una vagina de plástico a modo de Virgen. Llamaron a este acto de burla y de ataque a las creencias y costumbres de los católicos la “Procesión de la Anarcofradía del Santísimo Coño Insumiso y el Santo Entierro de los Derechos Sociolaborales”.
Tres de las feministas que participaron en este acto fueron imputadas por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Al ser llevadas a declarar ante la juez encargada del caso, ésta centró su interés en la siguiente pregunta: “¿Pretendían insultar a la religión católica?”.
Las acusadas, que ahora se encuentran a la espera de sentencia, respondieron que no querían ofender ni a la Iglesia católica ni a nadie con su acción de pasear una vagina como si fuera una imagen de la Virgen en una procesión mientras gritaban consignas como «vamos a quemar la Conferencia Episcopal» o «la Virgen María también abortaría».
El Ayuntamiento de Sevilla ha defendido esta versión a través de una moción aprobada el pasado 26 de febrero gracias a los votos a favor de PSOE, IU y Podemos y la abstención de C’s y que ha sido enviada a los juzgados que investigan el caso, a la Fiscalía y a la acusación popular.
En la moción, se reivindica que la utilización de una vagina gigante a modo de Virgen no era una ofensa a los sentimientos religiosos, sino una reivindicación feminista de rechazo a una «sociedad heteropatriarcal». Opinión que no comparten las más de 23.000 personas que han firmado en Change.org una petición para que el Ayuntamiento retire la moción en apoyo de las organizadoras de un acto vejatorio para los cristianos.
El consistorio sevillano no se ha limitado a defender a las imputadas por un delito contra los sentimientos religiosos sino que ha instado a la Fiscalía para que retire la acusación y a la juez a que archive el caso. En la moción enviada se denuncia un «ataque de sectores conservadores y reaccionarios contra el movimiento feminista» y la persecución de «la sociedad patriarcal y machista».
Ante las presiones recibidas por parte del Ayuntamiento sevillano, la juez titular del Juzgado de Instrucción nº 10 de Sevilla se ha visto obligada a solicitar amparo al Consejo General del Poder Judicial para que repruebe las actuaciones del consistorio, que pretende interferir en una investigación judicial que se encuentra en curso.
Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación Abogados Cristianos, que presentó la denuncia contra dos anarquistas y tres feministas, denuncia que «el poder político no puede ni debe presionar al poder judicial violentando la separación de poderes«. Desde la asociación consideran que este tipo de actos suponen «una agresión contra todos los sevillanos y contra todos los españoles que pretendemos que la sociedad se base en el respeto».