El proceso de canonización de Pedro Arrupe, histórico superior general de los jesuitas, ha quedado bajo escrutinio tras revelarse documentos judiciales que lo vinculan con la ordenación de un conocido abusador infantil. Según una demanda presentada en Luisiana (EE.UU.) y publicada por The Guardian, Arrupe fue advertido en 1977 de las acusaciones contra Donald Barkley Dickerson —incluyendo insinuaciones sexuales a un menor de 14 años y abusos a otros adolescentes—, pero no impidió que fuera ordenado sacerdote.
Dickerson, que murió en 2016, fue incluido en 2018 por los propios jesuitas en una lista de miembros acusados creíblemente de abusos sexuales a menores. Los documentos judiciales revelados ahora exponen que, pese a las advertencias, Arrupe permitió su ordenación en 1980, tras dos tratamientos psiquiátricos y pese a múltiples denuncias acumuladas.
El escándalo golpea la causa de canonización de Arrupe
En 2019, el Vaticano abrió formalmente el proceso de canonización de Pedro Arrupe, el jesuita que lideró la orden entre 1965 y 1983 y que se hizo conocido por atender a los supervivientes de Hiroshima. Ahora, abogados de víctimas de abusos han pedido detener esa causa y retirar su nombre de premios, edificios e instituciones que hoy lo honran.
El sacerdote jesuita John Armstrong, testigo en la demanda presentada por una presunta víctima de Dickerson en la Universidad Loyola de Nueva Orleans, calificó de “espantosa” la gestión del caso por parte de la Compañía de Jesús. “Después del primer incidente… se le permitió seguir adelante. Es más allá de mi comprensión”, declaró bajo juramento.
Los jesuitas conocían antecedentes de abusos antes de ordenar a Dickerson
La documentación obtenida por los abogados muestra que Arrupe fue informado por el provincial Thomas Stahel de que Dickerson había hecho insinuaciones sexuales a un menor y tenía un historial de abusos. A pesar de ello, el sacerdote recibió una recomendación favorable y fue ordenado tras un segundo tratamiento psiquiátrico.
Poco después de su ordenación, Dickerson fue denunciado nuevamente y trasladado de parroquia en parroquia, sin que se informara a las autoridades civiles. Acusaciones posteriores llevaron finalmente a su salida de la orden en 1986, pero solo después de al menos siete denuncias formales.
La Iglesia y la doble cara frente a los abusos
El caso Arrupe revive las dudas sobre la coherencia de la Iglesia católica ante los abusos. Mientras el Papa León XIV ha reiterado la necesidad de “tolerancia cero”, decisiones recientes, como el nombramiento de un sacerdote condenado como canciller en Toulouse, ponen en entredicho la voluntad real de reformar estructuras de encubrimiento.
El portavoz de la provincia jesuita del centro-sur de EE.UU. evitó comentar el caso alegando litigios en curso. Ni la Universidad Loyola ni la diócesis de Shreveport, señaladas en la demanda de junio de 2024, han respondido públicamente.
El impacto legal y moral del caso en EE.UU.
El demandante, presunta víctima de una violación cometida por Dickerson en el campus universitario en 1984, ha podido iniciar acciones gracias a una nueva ley de Luisiana que permite denunciar abusos sexuales sin importar el tiempo transcurrido. La defensa busca ahora impugnar la constitucionalidad de esa ley.
Entretanto, el testimonio de Armstrong ha subrayado que, de haber actuado con decisión, la orden podría haber evitado que Dickerson tuviera contacto con menores en instituciones jesuitas. La omisión, dicen los abogados, fue sistemática.