(Stephen P. White/The Catholic Thing)-Hace cinco años el Papa Francisco convocó en Roma un “Encuentro sobre la protección de los menores en la Iglesia”. La primera -y hasta la fecha, única- cumbre de este tipo reunió a casi 200 participantes, en su mayoría obispos, incluidos los presidentes de 114 conferencias episcopales, con la intención de afrontar «con decisión» la crisis de los abusos sexuales cometidos por clérigos en la Iglesia.
En aquel momento, la Iglesia se tambaleaba tras una serie de grandes escándalos relacionados con abusos sexuales por parte de clérigos y por la mala gestión de las denuncias de abusos contra clérigos, incluidos obispos. El más importante era el caso de Theodore McCarrick. Pero incluso antes de que estallara la noticia de McCarrick en el verano de 2018, una serie de casos de alto perfil ya habían puesto la gestión -o mala gestión- de los abusos por parte de Roma en el centro de atención.
Cinco meses antes de que estallara la noticia de McCarrick en Estados Unidos, la visita apostólica del papa Francisco a Chile y Perú se vio ensombrecida por una embarazosa polémica sobre el caso del obispo Juan Barros. En 2015, el Papa Francisco había nombrado a Barros obispo de Osorno, en Chile, a pesar de las objeciones de los obispos chilenos, preocupados por la incapacidad de Barros para gestionar adecuadamente las acusaciones de abuso contra el notorio abusador (y antiguo mentor de Barros), el padre Fernando Karadima.
El Papa Francisco denunció a los críticos de Barros ante la prensa como culpables de calumnias, insistió en que nunca había visto ninguna prueba de las acusaciones contra Barros y luego tuvo que disculparse y retractarse de ambas declaraciones después de la presión pública del jefe de su propia Comisión Pontificia para la Protección de Menores, el cardenal de Boston Sean O’Malley. Al cabo de una semana, el Santo Padre dio marcha atrás y envió un investigador especial a Chile. En pocos meses, el Papa tenía sobre su mesa no sólo la dimisión del obispo Barros, sino la de todos los obispos de Chile.
Antes de Barros, ya había existido el caso del obispo Gustavo Óscar Zanchetta. Amigo del Papa Francisco desde sus días en Argentina, Zanchetta fue uno de los primeros nombramientos que hizo Francisco tras ser elegido Papa en 2013. Zanchetta duró en su diócesis poco más de dos años antes de que las acusaciones -que van desde la mala gestión financiera a tener pornografía en su teléfono a abusos sexuales de seminaristas- lo metieran en graves problemas. El Papa Francisco le llamó a Roma, según algunos para vigilarle, aunque hay otras opiniones.
En junio de 2019, Zanchetta fue acusado por las autoridades argentinas de abusar sexualmente de seminaristas. En ese momento, el Papa Francisco dijo a la prensa que un juicio canónico para Zanchetta era inminente. El juicio penal de Zanchetta, retrasado por la COVID, terminó con una condena en 2022. Todavía no se sabe nada sobre el estado de su juicio canónico.
Luego está el caso del P. Marko Rupnik, famoso artista y jesuita, acusado de abusos espirituales, físicos, psicológicos y sexuales a más de dos docenas de mujeres durante varias décadas. Rupnik fue excomulgado, reintegrado, expulsado de los jesuitas y luego, de forma inverosímil, incardinado en una nueva diócesis donde siguió siendo sacerdote a todos los efectos. Sólo después de la tremenda protesta de las víctimas, el Papa Francisco accedió a renunciar a la prescripción para que Rupnik pudiera enfrentarse a los procedimientos canónicos. Esos procedimientos están, presumiblemente, en curso.
A la cumbre de 2019 le siguieron varios cambios: el levantamiento del secreto pontificio para ciertos casos, una reconfiguración de la Curia y un ajuste en la forma de tratar los casos de abusos en Roma y, lo más significativo, la promulgación de Vos estis lux mundi, que regula los procedimientos para tratar las denuncias de abusos y negligencias por parte de los obispos.
El examen de estos tres casos -Barros, Zanchetta y Rupnik- suscita dudas sobre qué ha cambiado exactamente en los cinco años transcurridos desde la cumbre sobre abusos del papa Francisco. El caso Barros es anterior a la cumbre de 2019, el caso Zanchetta se solapa con la cumbre y sus posteriores reformas, y el caso Rupnik -aunque no los presuntos abusos- ha salido a la luz después de la cumbre. Sin embargo, hay pocas diferencias perceptibles en cómo se ha gestionado cada uno de estos casos.
Un reciente artículo de Associated Press analizaba críticamente las persistentes deficiencias en la forma en que la Iglesia procesa las acusaciones de abusos. «Cinco años después, a pesar de las nuevas leyes eclesiásticas para responsabilizar a los obispos y de las promesas de hacerlo mejor, el sistema legal interno de la Iglesia católica y la respuesta pastoral a las víctimas han demostrado seguir siendo incapaces de hacer frente al problema».
Gran parte del artículo de AP se centra en la falta de consistencia y transparencia procesal de Roma. Las consideraciones básicas de responsabilidad -reconocimiento de cuándo se ha recibido una acusación, indicación del estado de una investigación, anuncio de las conclusiones y sentencias de casos concretos, publicación de la jurisprudencia- siguen siendo frustrantemente elusivas. Existen preocupaciones adicionales sobre la capacidad de la Curia (especialmente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe) para gestionar la carga de casos necesaria, dadas las actuales limitaciones presupuestarias y de personal.
Pero estos retos prácticos y procesales son relativamente menores en comparación con el desafío más grande al que se enfrentan la Iglesia y este pontificado.
A raíz de la cumbre de 2019, escribí lo siguiente:
El Papa Francisco tiene razón al desconfiar de los «remedios» legalistas y burocráticos a lo que es fundamentalmente una crisis espiritual y moral. Pero dado todo lo que sabemos sobre cómo se ha manejado -o más bien, mal manejado- la prevaricación episcopal y sacerdotal en las últimas décadas, hay razones para preguntarse si el enfoque pastoral altamente personal, incluso ad hoc, del Papa Francisco hacia los obispos díscolos es el modelo más prudente para la Iglesia de hoy. El tiempo lo dirá.
Cinco años después, esas preocupaciones persisten. La solicitud pastoral por los pecadores (acusados), si bien es fundamental para la misión de la Iglesia, no es en modo alguno incompatible con la administración rigurosa e imparcial de la justicia, ni mucho menos la sustituye. La transparencia es una necesidad pastoral. La buena ley, imparcialmente aplicada, es una necesidad pastoral.
En el mundo actual no hay buena voluntad que pueda superar el escándalo creado incluso por la apariencia de parcialidad. La administración imparcial de la justicia es necesaria para proteger a los acusados, a los acusadores y a los incontables millones de personas escandalizadas por una Iglesia que parece cometer los mismos errores una y otra vez.
En ese frente, la Iglesia aún tiene mucho camino por recorrer.