El reciente comunicado episcopal sobre Jumilla no es un pronunciamiento profético, sino un posicionamiento político. La jerarquía no cita a Cristo, ni al Magisterio, ni a las Escrituras: cita la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y lo hace alineándose con la Comisión Islámica de España para defender un derecho en clave puramente civil, sin referencia alguna a la misión de la Iglesia o a la verdad del Evangelio.
Al entrar en ese terreno, los obispos dejan de hablar como pastores para actuar como agentes políticos. Y ahí la respuesta no es un “amén” devoto, sino la réplica legítima de quien discrepa. Santiago Abascal, como político y católico, ha respondido como corresponde en el foro que ellos mismos han elegido: el de la plaza pública.
La voz profética de la Iglesia se reconoce porque habla con autoridad moral, no porque repita el argumentario de un bufete especializado en libertades públicas. Cuando se sustituye la Palabra de Dios por el artículo de una constitución, y el Magisterio por un comunicado que podría firmar cualquier ONG laicista, no se está ejerciendo el ministerio profético, sino haciendo lobby. Y a los lobbies se les contesta.
En el momento en que los pastores se mimetizan con el poder terreno y se convierten en parte del juego político, asumen también el coste: crítica pública, desgaste, y pérdida de la credibilidad que solo conserva quien habla como testigo de la Verdad, no como portavoz de intereses.