En un comunicado conjunto, la Conferencia Episcopal Española (CEE), junto con diversas confesiones religiosas que forman parte de la Mesa de Diálogo Interconfesional de España, ha expresado su preocupación por el anuncio realizado el pasado 17 de septiembre por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre la reforma integral del Código Penal.
Una de las medidas previstas en esta reforma es la derogación del artículo 525 del Código Penal, que sanciona el delito de escarnio público contra los sentimientos religiosos.
El comunicado, firmado por representantes de la Iglesia Católica, comunidades judías, islámicas y varias iglesias cristianas, defiende la importancia de la libertad de expresión, pero subraya que no puede prevalecer sobre otros derechos fundamentales como la libertad religiosa y la dignidad moral, ambos reconocidos en la Constitución Española. Según el texto, la derogación de este delito no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también podría abrir la puerta a un incremento de actos hostiles contra creyentes y lugares de culto, algo que ya está creciendo en Europa.
La CEE y las demás entidades firmantes hacen un llamamiento al diálogo con las autoridades para replantear esta medida y recuerdan la importancia de proteger los derechos de las minorías religiosas en una sociedad democrática. Asimismo, apelan a los partidos políticos para que legislen en defensa de los derechos universales, más allá de intereses ideológicos.
El comunicado concluye con un ofrecimiento para trabajar junto a los gobernantes en un marco de respeto mutuo que asegure la armonía de derechos fundamentales.
El comunicado refleja la unión de diversas confesiones religiosas para defender la libertad religiosa en España. Sin embargo, hay dos aspectos que merecen una reflexión crítica.
Primero, resulta sorprendente, por no decir indignante, que la Conferencia Episcopal Española se coloque al mismo nivel que la Comisión Islámica de España y otras entidades que representan a confesiones religiosas que, en muchos casos, no comparten una visión ni histórica ni doctrinal sobre la dignidad de la persona o la libertad. La Iglesia Católica no es una religión entre muchas, sino que proclama la verdad revelada por Dios mismo. Ponerla en pie de igualdad con confesiones que, en algunos contextos, niegan derechos fundamentales o persiguen a los cristianos en sus países de origen, parece un gesto de falsa equidistancia que no hace honor a la misión de la Iglesia.
Segundo, el problema de fondo no es, como sugiere el texto, que alguien pueda herir los sentimientos religiosos de los creyentes, como si los cristianos fueran una minoría hipersensible que necesita protección especial. El verdadero problema es que la sociedad está olvidando que Dios tiene derechos. La blasfemia, el escarnio público o el ataque a la fe no son solo una ofensa a los fieles, sino un desprecio a la verdad y a la justicia divina. El delito contra los sentimientos religiosos no debería entenderse como una protección paternalista hacia los creyentes, sino como un reconocimiento de que hay cosas sagradas que merecen respeto porque afectan directamente a la relación entre Dios y los hombres. Al centrar el debate en los «sentimientos», estamos aceptando el marco relativista que trivializa lo trascendente y reduce la religión a una simple opción privada.
El comunicado, aunque bien intencionado, deja sin abordar esta dimensión esencial: la defensa de la fe no es cuestión de proteger a los ofendidos, sino de defender lo que es debido a Dios mismo.