La exabadesa de Belorado sigue en su guerra particular contra el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, mientras se le abre otro frente con el falso obispo Pablo de Rojas quien también carga contra la ex religiosa a la que le solicita la devolución de 6000 euros.
Desde que explotó el conflicto en el Monasterio de Belorado, las primeras informaciones de fuentes próximas a las religiosas, apuntaban a una personalidad peculiar, fría y calculadora de García de Viedma.
Con el paso de las semanas y tras haber roto en menos de un mes con la Iglesia católica con la secta Pía Unión san Pablo, la exreligiosa comienza a retratarse con su actitud sin saber nadie muy bien lo que pretende más allá de perpetuarse en el poder en el Monasterio.
Ante su último comunicado en el que atiza al arzobispo de Burgos, la Comisión gestora nombrada por la Santa Sede ha contraatacado con un contundente comunicado. La Comisión ha subrayado que las declaraciones de García de Viedma, quien dice representar a una asociación civil, buscan confundir a la opinión pública y carecen de respaldo legal adecuado.
«La Sra. García de Viedma dice hablar en representación de una asociación civil que no consta que esté registrada como tal ante la autoridad competente», aclara la Comisión Gestora. Además, señala que cualquier transformación de una entidad religiosa en una asociación civil requiere el permiso de la Santa Sede, proceso que no ha sido respetado en este caso.
42.000 euros en facturas
La Comisión también ha refutado las denuncias de usurpación de cuentas bancarias y la acusación de morosidad. «Es una acusación falsa hablar de usurpación ilegítima de las cuentas bancarias ni se requiere para ello ningún procedimiento judicial. Todas las actuaciones realizadas por el comisario pontificio y la comisión gestora están realizadas dentro de la más estricta legalidad», afirma el comunicado. Asimismo, menciona que existen facturas sin pagar de hasta dos años de antigüedad, por un valor aproximado de 42.000 euros, provenientes de la gestión anterior.
La Comisión que preside Iceta lamenta la obstrucción al acceso a la gestión de los monasterios por parte de García de Viedma, lo que les impide tener una visión completa de las obligaciones financieras pendientes. Han enviado varios requerimientos de información, pero aún no han recibido una respuesta adecuada. «Desconocemos la amplitud de las obligaciones financieras de los monasterios porque la Sra. García de Viedma sigue ilegalmente impidiendo el acceso a su gestión», se indica en el comunicado.
La Comisión Gestora reafirma su compromiso con la legalidad y la transparencia. «Nuestro modo de proceder es y seguirá siendo el respeto absoluto a las personas, a la legalidad, a la verdad y a la transparencia», y subraya su intención de llevar el caso ante los tribunales para resolver las disputas legales y restablecer la justicia.
Descalificaciones contra Iceta
En el comunicado de la archidiócesis, critican que la ex religiosa haga referencia a una sanción administrativa al Comisario Pontificio de su época en la que perteneció al consejo de administración de Cajasur desde 2005 a 2008, «para poner en duda su legitimidad para administrar bienes, constituye un intento de calumniarle utilizando argumentos ad personam y describe bien la cualidad moral de la Sra. García de Viedma».
Aun así, la archidiócesis recuerda que la sanción administrativa del Banco de España a los dos consejos de administración de Cajasur que tuvieron responsabilidades en dicha entidad de ahorro en torno a los años 2006 a 2010, entre cuyos miembros se encontraba Mario Iceta, «no se debió a irregularidades de dichos consejos de administración en la gestión de cuentas de terceros ni conllevó inhabilitación alguna ni limitación de ningún tipo para el Comisario Pontificio, que se reserva el derecho de acudir a los tribunales para defender su honor y buen nombre ante estas declaraciones sin escrúpulos y calumniosas que ha realizado la Sra. García de Viedma».
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