Un grupo creado para supervisar la actuación de los obispos con respecto al asunto de los abusos sexuales clericales ha emitido un comunicado en el que expresa serias objeciones al nombramiento de Víctor Manuel ‘Tucho’ Fernández como prefecto para la Doctrina de la Fe.
En una declaración escrita por su codirectora, Anne Barrett Doyle, el grupo BishopAccountability.org, un observatorio privado creado para garantizar que los obispos se hacen responsables de su gestión de casos de abusos sexuales clericales, calificó el nombramiento de Fernández como “una elección desconcertante y preocupante” para un puesto que “tendrá un poder inmenso, especialmente cuando se trata de juzgar y castigar a los sacerdotes que abusan de los niños”.
Afirma que “la gestión reciente de Fernández de un caso de abuso sexual por parte del clero en su archidiócesis de La Plata genera gran preocupación”. Fernández “defendió públicamente” y apoyó al sacerdote de La Plata, el padre Eduardo Lorenzo, frente a cinco acusaciones de abuso sexual en 2019, y siguió apoyando a Lorenzo incluso después de que se emitiera una orden de arresto y el sacerdote se suicidara.
“En su respuesta a las acusaciones”, dice Doyle, Fernández “apoyó firmemente al sacerdote acusado y se negó a creer a las víctimas. Mostrando desprecio por la seguridad de los niños, Fernández mantuvo al sacerdote en su puesto parroquial incluso cuando se presentaron más víctimas”. “Por su manejo de este caso, Fernández debería haber sido investigado, no ascendido a uno de los puestos más altos de la Iglesia mundial”, dijo Doyle. “Nada en su desempeño sugiere que esté en condiciones de liderar la batalla del Papa contra el abuso y el encubrimiento”.
Doyle está especialmente preocupada porque parte de las responsabilidades de Fernández como titular del Dicasterio para la Doctrina de la Fe será responder al abuso de menores.
Por su parte, el interesado ha rechazado tajantemente las críticas de Doyle sostiene en un comunicado remitido a Associated Press que “nunca” expresó su escepticismo sobre las denuncias de las supuestas víctimas de Lorenzo. “Cuando alguien presenta una acusación de este tipo, en principio SIEMPRE SE LE CREE (sic), pero más allá de eso, es necesaria la investigación y el debido proceso porque así lo establece la propia legislación”, afirma el comunicado.
En defensa a su actuación, Fernández añade que a medida que aparecían nuevos testimonios, “iba tomando nuevas medidas,” como prohibir al sacerdote toda actividad con menores, hasta confinarlo en instalaciones de Caritas.
Fernández recordó que a fines de 2019 la justicia impuso prisión preventiva a Lorenzo y “si no se hubiese suicidado, probablemente luego habría seguido un juicio penal”, y de haber sido condenado, hubiera ido a la cárcel.
Pero la organización estadounidense asegura que una denuncia de abuso infantil de 2008 contra el párroco de La Plata resurgió en 2019 y que, a pesar de que se presentaron varias acusaciones más contra Lorenzo, Fernández permitió que siguiera trabajando y que el arzobispo finalmente lo destituyó alegando que el sacerdote pidió irse por “razones de salud″.
Juan Pablo Gallego, abogado de cinco de las supuestas víctimas, señaló a su vez a AP que el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de La Plata llevó a cabo, bajo el mando del arzobispo, una investigación paralela a la de la justicia penal aportando elementos que intentaron despegar a Lorenzo de las acusaciones. Tras el fallecimiento del sacerdote -dijo el abogado-, Fernández dictó una misa muy “sentida” despidiéndole.