Estamos acostumbrados al debate público, siquiera soterrado, en torno a las dificultades de integrar a la creciente minoría islámica en nuestras sociedades europeas, alegando alarmados algunos que numerosos conciudadanos musulmanes afirman que la ley islámica está por encima de las leyes civiles, lo que demostraría que no pueden asimilarse a nuestros países, de raíz cristiana. Pero este argumento pasa por alto, como de puntillas, sobre el hecho de que, por una parte, nuestros países han diluido ya en buena medida sus raíces cristianas y, por otra, que también los católicos están llamados a obedecer a Dios antes que a los hombres.
Este ‘dato’ está, en la práctica, tan olvidado que ha sorprendido a muchos en Francia cuando lo ha recordado Marc Aillet, obispo de Bayona, Lescar y Oloron, en una entrevista a France Catholique con motivo de un proyecto de ley elaborado, precisamente, para integrar a los musulmanes franceses.
El proyecto de ley, denominado ‘Confirmación del respeto a los principios de la República’, tiene por objetivo aparente impedir la creación de una ‘doble lealtad’ entre los musulmanes franceses, algo que es una realidad en numerosos enclaves en los que los inmigrantes de primera, segunda o tercera generación son la población dominante. En ellos parece estarse fraguando un ‘Estado dentro del Estado’ en el que la ley vigente es la islámica, y donde la presencia de la República es solo visible en forma de subvenciones y ayudas económicas.
Eso es lo que trata de impedir esta ley, que el ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha resumido afirmando que los creyentes deben ver la ley de la República como superior a la ley de Dios. Pero aunque probablemente Darmanin tendría en la cabeza el problema de la integración de los musulmanes al pronunciar esta frase, el obispo Aillet recuerda que puede aplicarse igualmente a los católicos. Y expresa claramente su “non possumus”.
Aillet concede que el Islam es un caso especial, por cuanto en su seno no se distingue entre la esfera secular y la religiosa, pero que es inaceptable combatir el problema acabando con el principio de neutralidad del Estado e inaugurando un sistema de subordinación de la fe a las autoridades seculares. “Es inaceptable porque lleva sencillamente a negar la libertad de conciencia. En efecto, si Dios existe, como cree un número importante de ciudadanos de todas las religiones, su ley no puede someterse a la República, a riesgo de frustrar la libertad de conciencia, garantizada por la Constitución y el discurso oficial. Para nosotros, los católicos, la ley de Dios está inscrita en la conciencia del hombre, no sustituye a la ley humana, sino que es la medida de ésta en última instancia”.
El riesgo, añade el obispo, consiste en hacer del Estado un dios, en poner a las autoridades civiles en el lugar de Dios, citando la denuncia que hizo Pío XII de esta tendencia como un “error que está en la raíz del absolutismo estatal y que equivale a un endiosamiento del propio Estado”.