Imagina una justicia donde al denunciante lo escuchan —cuando quieren—, pero nadie toma nota. No se levanta acta, no se graba, no se firma nada. Lo que el fiscal o el instructor recuerden de memoria ya servirá.
Imagina que pasan casi dos años sin que se tome declaración formal a las víctimas. Y que cuando se hace sea sin entregarles copia alguna de sus palabras.
Imagina que el denunciante no puede acceder a una sola hoja del expediente. Que no sabe qué testigos han sido llamados, ni qué pruebas se han valorado, ni qué conclusiones se han alcanzado. Que las decisiones se adoptan en despachos donde nadie entra, y que cuando el caso se archiva, nadie se lo comunica: el denunciante se entera tres meses después, por casualidad, como quien descubre su propio final en el boletín parroquial.
Imagina una justicia donde el secreto no protege a las víctimas, sino al procedimiento. Donde el principio de contradicción se sustituye por el de obediencia, y la transparencia es una palabra que sólo aparece en los comunicados de prensa.
Y ahora deja de imaginar. Porque eso no ocurre en una dictadura ni en una república bananera sin Estado de Derecho, sino en procesos canónicos como el caso Lute en Chiclayo.
Infovaticana desvela hoy que en el terrible caso de abusos sexuales denunciado ante Robert Prevost en 2020 y 2022 en Chiclayo, las víctimas, después de cinco años, no han recibido un solo documento. Ni uno. Ni copia de su propia declaración. Ni una sola notificación sobre el curso del procedimiento. Y no es porque no lo hayan solicitado formalmente.
Durante cinco años, el caso ha sido tramitado en los pliegues del secreto eclesial, en un limbo donde la única certeza es que el expediente existe… en algún sitio. Los denunciantes no saben quién investigó, qué pruebas se practicaron ni por qué se decidió archivar, reabrir, y volver a reabrir para acabar – a la tercera apertura- intentando dar un falso carpetazo con el «favor» de una dispensa papal al abusador pederasta.
La Iglesia proclama transparencia, pero su justicia interna conserva el viejo reflejo del poder eclesiástico: proteger la reputación de la institución antes que los derechos de las víctimas y las garantías de las partes involucradas en un proceso civilizado.
Y así, mientras Roma predica transparencia, en la práctica el proceso canónico se parece peligrosamente a esa justicia de pesadilla que acabas de imaginar: una donde las víctimas son sospechosas, los secretos son dogma y el silencio es la única sentencia.