La obra evangelizadora de España en América tuvo como consecuencia la creación de un patrimonio religioso de valor incalculable en las zonas más remotas de los Andes.
Lamentablemente, este patrimonio no siempre ha estado bien protegido, siendo muchas veces objeto de robos y ventas fraudulentas. InfovVticana ha tenido acceso a una denuncia que estaría siendo investigada por la Fiscalía Provincial de Puno (Perú) sobre un presunto caso de lavado de activos que involucraría la venta y el uso indebido de patrimonio de la Iglesia Católica para el lucro personal del investigado.
En la disposición de la Fiscalía a la que ha tenido acceso este medio se pueden leer los siguientes detalles de la denuncia: “El imputado conjuntamente con otras personas por identificar, de manera clandestina, se ha dedicado a la venta de objetos religiosos de la Iglesia católica, tales como cuadros originales de pintura cusqueña, cálices, copones, adornos de oro y plata, entre otros objetos valiosos de propiedad de la iglesia, que son considerados como bienes culturales, los cuales fueron trasladados de algunas parroquias al Obispado de Puno y de estas ventas el denunciado ha obtenido grandes ganancias, como afirma el Diario sin Fronteras, de la ciudad de Puno, con fecha 23/07/24. Asimismo, el denunciado conjuntamente con otras personas también por identificar, ha venido disponiendo de los terrenos de la Iglesia católica, uno de estos terrenos se encuentra ubicado en el Barrio Chancharani Km 3.100 de la ciudad de Puno, del cual el denunciado ha estado disponiendo a terceros, sin tener la legitimidad para hacerlo, logrando obtener grandes ingresos económicos, tal como también han sido denunciados en varios medios periodísticos de la ciudad de Puno.”
Un laico presentado como canónigo para cobrar sueldo del Estado
El caso se vuelve más sorprendente cuando en la misma denuncia se afirma que el investigado, Alex Aníbal Cano Arce, que ejerce las funciones de Canciller y Vocero (Portavoz) de la Diócesis de Puno, es a la vez es oficial de policía en activo, habiendo desempeñado las funciones de agente de inteligencia, seguridad y agente pastoral. Además, Cano Arce, fue presentado por el Obispado de Puno, que actualmente pastorea Mons. Jorge Pedro Carrión Pavlich, como canónigo de la Catedral de Puno.
En este sentido, hay que señalar que el Estado Peruano otorga una subvención a la Iglesia Católica peruana en reparación por las expropiaciones de bienes religiosos realizadas en el pasado, con la que se pagan nóminas exiguas a eclesiásticos. InfoVaticana ha tenido acceso a una resolución del Director General de Justicia y Libertad Religiosa en la que se incluye a Alex Aníbal Cano dentro de la planilla de subvenciones personales de la Diócesis de Puno, lo que implicaría que presuntamente estaría recibiendo dos sueldos distintos de parte del Estado Peruano, algo que está prohibido por la ley. Por esta causa, Cano Arce también estaría siendo investigado por la Fiscalía por un presunto delito de peculado doloso.
El cuidado de los bienes eclesiásticos
Una de las obligaciones de los pastores, junto con las propias que derivan de los ministerios de la evangelización y los sacramentos, es la del cuidado de los bienes eclesiásticos. Así lo manda el Código de Derecho Canónico a los obispos diocesanos: c. 392 § 2: “Ha de vigilar para que no se introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica, especialmente acerca del ministerio de la palabra, la celebración de los sacramentos y sacramentales, el culto de Dios y de los Santos y la administración de los bienes”.
A día de hoy el Arzobispado de Puno no ha dado ninguna explicación sobre estas acusaciones ni ha tomado ninguna medida contra el investigado, a pesar de que el mismo Obispo de Puno ha sido citado a declarar ante la Fiscalía el día 4 de diciembre sobre su vinculación con el investigado.
Aunque en este momento esto no es más que una investigación de la Fiscalía, que no supone la culpabilidad del investigado, los indicios de que el patrimonio eclesiástico haya podido ser malversado por personas que tienen cargos importantes en el mismo obispado de Puno exigen aclaraciones inmediatas por parte del Obispo de Puno.
En este sentido, conviene recordar que hace unos meses se aceptó la renuncia del Arzobispo de Piura, Mons. José Antonio Eguren Anselmi, que también fue posteriormente expulsado por el Papa Francisco del Sodalicio, por acusaciones de presunto tráfico de terrenos que ni siquiera llegaron a formalizarse ante la justicia peruana. De no actuarse claramente en este caso, por parte incluso de la Santa Sede ante la clara posibilidad de que sucesos semejantes estén produciéndose en otras diócesis, podría sospecharse de la existencia de un doble rasero en este tipo de casos.