Los obispos chilenos han alzado la voz contra el proyecto de ley del Gobierno de Boric que pretende que “Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista y con igualdad de género y considerar en sus reglamentos internos y protocolos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos y la prevención de la violencia de género en todas sus formas”.
El episcopado chileno ha mostrado su oposición «a la introducción de una norma que imponga la promoción de una educación no sexista. Dicha expresión contradice el derecho innato de los padres a decidir, de común acuerdo con el establecimiento educacional, la forma y manera de educar en la afectividad y sexualidad a sus hijos».
Además, los obispos de Chile remarca que este proyecto de ley del gobierno ultraizquierdista «contradice la libertad de conciencia y de religión establecida en el Art. 19 N°6 de la misma carta fundamental, puesto que el derecho preferente de los padres incluye que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».
«El concepto de educación no sexista no puede entenderse en términos plurales y alternativos, propios de la libertad de educación, porque impone una sola visión de la educación, en un ámbito tan delicado como la enseñanza de la afectividad y sexualidad», denuncia los obispos de Chile.
La Conferencia Episcopal de Chile es tajante ante esta ley y señala que se busca imponer a todos los establecimientos educacionales con reconocimiento del Estado, «un enfoque único y excluyente sobre la persona y su sexualidad y, en definitiva, obligaría a los establecimientos educacionales a promover las convicciones morales y antropológicas del Estado; por sobre las de sus propios proyectos educativos y de los padres, cosa que es contraria al sentido común y a un régimen democrático».
Es por ello que el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile pide al Gobierno que «no den lugar a una norma que consideramos arbitraria e injusta y que contradice los aspectos esenciales del derecho a la educación, la libertad de conciencia y de religión, propios de una sociedad democrática y pluralista como la nuestra».