La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado al sacerdote Antonio L. Z. a 7 años y 9 meses de prisión por abusos sexuales a un menor de 13 años.
El cura ejercía como párroco de la iglesia de San Juan Bautista de Yecla, al norte de la provincia de Murcia, cuando se recibió la denuncia contra el sacerdote quien fue apartado de su ministerio por el obispado.
Natural de la pedanía murciana de Monteagudo, el sacerdote fue ordenado cura en Colombia, donde residió 15 años. A su regreso a la diócesis de Cartagena, fue vicepárroco de la iglesia de San Pedro del Pinatar entre 2006 y 2013 y, más tarde, se trasladó a Yecla. Fue en su etapa en San Pedro donde conoció a la familia del menor, con quien tuvo una estrecha relación, «hasta llegó a tener las llaves de su domicilio y era habitual que durmiese en la casa. Además, mientras vivía en Yecla era frecuente que el menor le visitase y se quedase a dormir en su vivienda», informan medios locales.
Tal y como recoge la sentencia, una vez que el adolescente cumplió los 13 años, el sacerdote aprovechó esa relación de confianza para someter al menor a abusos sexuales. Durante ese tiempo, subraya la sentencia, para mantener «su ascendencia sobre el menor», le hacía regalos y le invitaba a comer con frecuencia. La víctima vio afectado su rendimiento académico y su comportamiento anímico y afectivo a raíz de los abusos a los que fue sometido.
La sentencia, que no es firme, ya que puede ser recurrida en el plazo de diez días ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, le impone una orden de alejamiento de 500 metros del joven durante cinco años y una indemnización de 30.000 euros.
Comunicado del obispado de Cartagena
Al conocerse la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, la diócesis que dirige José Manuel Lorca Planes ha emitido el siguiente comunicado:
Conocida la sentencia provisional de Sala Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, en la que el Rvdo. A. L. Z, sacerdote de la Diócesis de Cartagena, ha sido condenado a 7 años y 9 meses de prisión y al pago de 30.000 euros de Responsabilidad Civil por los abusos sexuales cometidos contra un menor de edad, este Obispado, a la espera de una sentencia en firme que cumplimente en toda su extensión el derecho a la tutela judicial efectiva de ambas partes, manifiesta lo siguiente:
1. Nuestro total rechazo, una vez más, y enérgica repulsa por los delitos que la resolución judicial atribuye a este sacerdote contra la víctima, con el agravante de que era un menor de edad.
2. Nuestra cercanía a la víctima y a su familia, a los que seguimos ofreciendo nuestra ayuda a través de la Delegación episcopal para la protección del menor y de los adultos vulnerables.
3. Como está establecido en la normativa de la Iglesia, el Rvdo. A. L. Z. sigue suspendido del ejercicio del ministerio sacerdotal, mientras que no termine el proceso penal canónico que está en curso.