En una conferencia de prensa realizada ayer en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), el padre Omar Sotelo Aguilar, SSP, director del Centro Católico Multimedial (CCM), y Guillermo Gazanini Espinoza, jefe de información, presentaron el «Reporte Anual 2025: Informe sobre la incidencia de violencia en contra de sacerdotes e instituciones de la Iglesia Católica en México». El documento, elaborado por la Unidad de Investigaciones Especiales del CCM, revela una preocupante mutación en la violencia: aunque los asesinatos de sacerdotes han disminuido, las agresiones contra laicos vinculados a actividades pastorales han escalado, afectando a comunidades enteras y erosionando el tejido social.
El reporte, que abarca los periodos de los sexenios de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y el inicio de Claudia Sheinbaum (2024-2025), documenta 13 sacerdotes asesinados en total: 10 en la administración anterior y tres en la actual. Sotelo Aguilar enfatizó que esta reducción numérica no implica una mejora en la seguridad, sino un cambio en los blancos del crimen organizado. «La violencia no ha cesado; se ha transformado. Ahora, los laicos que ejercen liderazgo comunitario o pastoral son víctimas directas, lo que refleja una estrategia para desestabilizar a la Iglesia como factor de cohesión social», declaró el director durante la presentación.
Uno de los aspectos más alarmantes destacados es la violencia contra laicos. El informe registra 23 asesinatos de personas cercanas a labores eclesiales en los últimos siete años, muchos de ellos por resistirse al crimen organizado o por su activismo en derechos humanos. Ejemplos incluyen el caso de una familia en Chicomuselo, Chiapas, donde el 13 de mayo de 2024 fueron masacradas 11 personas, entre ellas Ignacio, candidato al diaconado permanente, y Teresita de Jesús, catequista. «Murieron por negarse a unirse a bandas criminales», explica el reporte, citando fuentes periodísticas.
Otros incidentes subrayan esta tendencia: el 16 de marzo de 2025, ocho jóvenes fueron ejecutados en una cancha adjunta a la parroquia de San José de Mendoza, en Salamanca, Guanajuato, mientras preparaban la Semana Santa. Apenas un mes después, el 10 de mayo, siete jóvenes –incluyendo menores– fueron masacrados en San Bartolo de Berrios, Guanajuato, durante un festejo parroquial por el Día de las Madres. Gazanini Espinoza señaló que estos no son hechos aislados: «Son síntomas de una pérdida de valores y la relativización de lo sagrado, agravada por la impunidad y corrupción». El documento también menciona el asesinato de la catequista Florinda Orozco Calderón en Colima, el 3 de diciembre de 2024, y de Inocencia Prudencio Gómez en Acapulco, el 15 de marzo de 2024, ambas por su compromiso comunitario.
En el contexto histórico, el CCM contabiliza, desde 1990, un cardenal, 62 sacerdotes, un diácono, cuatro religiosos y 23 laicos asesinados, más tres sacerdotes desaparecidos. Guerrero emerge como el estado más afectado, con 10 eventos desde 1990 y ocho sacerdotes ultimados desde 2009, incluyendo el reciente caso del padre Bertoldo Pantaleón Estrada, asesinado en octubre de 2025. El obispo de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, ha denunciado el desplazamiento forzado de otro activista clerical, el padre Filiberto Velázquez, por amenazas.
Las conclusiones del reporte son contundentes: la violencia ha mutado, pero no por persecución religiosa directa, sino porque los sacerdotes actúan como «estabilizadores sociales» que obstaculizan el control del crimen organizado. Más del 80% de los casos permanecen en impunidad, lo que fomenta una cultura del silencio, reclutamiento forzado y «narcogobiernos» en territorios vulnerables. «No hay evidencia de colusión entre clérigos y criminales; sus interacciones son por supervivencia comunitaria», afirma el documento. Además, se critica la polarización política, con ataques mediáticos desde el poder que acusan al clero de intromisión, exacerbando tensiones.
Ante esta crisis, el reporte propone ocho recomendaciones finales para una respuesta proactiva y unificada:
- Establecer una Comisión Especial de Seguridad Eclesial en la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) para protocolos con tecnología como apps de reporte anónimo.
- Fortalecer alianzas internacionales para capacitación en inteligencia preventiva y simulacros con autoridades.
- Actualizar protocolos de seguridad con énfasis en zonas rurales y auditorías anuales.
- Crear un Observatorio Nacional de Violencia contra el Patrimonio Eclesial, colaborando con el INAH para censos y medidas preventivas.
- Impulsar inventarios digitalizados de arte sacro usando IA para combatir el tráfico ilícito.
- Desarrollar programas de acompañamiento integral para familias de víctimas, con apoyo psicológico y legal.
- Fomentar diálogos ecuménicos para coaliciones contra la violencia y documentación conjunta.
- Instituir un Día Nacional de Memoria y Prevención, con eventos para sensibilizar y presionar por justicia.
Con 1,300 templos agredidos anualmente –84% robos comunes, 10% de alto impacto y 6% sacrilegios–, la Iglesia se posiciona como víctima colateral de una guerra que toca a todos, Sotelo Aguilar cerró la presentación invocando a Cristo como fuente de paz: «Urgen acciones sensatas para que México tenga vida digna. La fe de un pueblo es un derecho que debe protegerse antes de que la violencia profane hasta lo divino». El reporte, disponible en el sitio del CCM, llama a la sociedad y autoridades a actuar con contundencia para evitar que esta crisis se normalice, recordando el magnicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993 como advertencia, expresó el director del CCM.
El reporte puede ser leído aquí:
Reporte anual ccm violencia contra sacerdotes