A una semana de que inicie la Semana Santa 2026, el ayuntamiento de Tijuana, regido por el partido del oficialismo, ha puesto en el centro de una profunda controversia a miles de fieles católicos. A través de su portal oficial y de un flyer ampliamente difundido en redes, el gobierno municipal recuerda a las asociaciones religiosas que deben tramitar un “Permiso para Acto Religioso de Culto Público” con al menos 15 días de anticipación si desean realizar viacrucis, procesiones, peregrinaciones o cualquier acto de culto fuera de los templos.
La Subdirección de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno Municipal cita el artículo 22 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. El texto determina que los organizadores de actos de culto público extraordinarios deberán dar aviso previo a las autoridades por lo menos quince días antes de la fecha indicando el lugar, fecha, hora del acto, así como el motivo; sin embargo, no señala imposición de tasas o derechos.
El trámite, que solo se realiza de forma presencial, exige descargar formatos oficiales del sitio tijuana.gob.mx, presentar oficios ante Seguridad Pública municipal, la delegación correspondiente y Servicios Públicos y obtener la validación final de la Subdirección de Asuntos Religiosos. Hasta aquí, podría parecer una mera medida de orden público. Sin embargo, lo que ha generado indignación es la parte que el volante no resalta, pero que sí aparece en el portal municipal y en la Ley de Ingresos 2026: “El costo por permiso emitido varía de acuerdo al tipo de evento y número de asistentes”.
Según la propia Ley de Ingresos municipal, los eventos religiosos en vía pública contemplan pagos equivalentes a 26 UMAs o más —alrededor de 3,050 pesos como base—, pero que se multiplican según el aforo y características, llegando a superar fácilmente los 7 mil pesos. Aunque el sitio no publica una tabla oficial de precios, en redes y grupos de fieles circulan capturas de tabuladores que así lo confirman.
Organizaciones y activistas católicos locales han calificado la medida como “extorsión disfrazada de regulación” sobre los actos de devoción para convertirlos en un trámite burocrático y de pagos. Esto contrasta abiertamente con la práctica histórica en la ciudad. Anteriormente se han otorgado dictámenes y permisos para realizar celebraciones religiosas de manera extraordinaria en calles y plazas públicas sin que se corrobore el pago previo de derechos, como se evidencia en documentos oficiales del portal municipal donde se autorizaban eventos similares sin mención alguna a cuotas económicas ni a la necesidad de “pagar derechos” antes de la validación.
La molestia es mayor porque Semana Santa multiplica las celebraciones en calles y plazas, viacrucis en colonias populares, procesiones del Santo Entierro, peregrinaciones juveniles y kermeses parroquiales. Tradicionalmente, estas manifestaciones se realizaban con el simple para cerrar una calle o con el apoyo logístico de las delegaciones y de protección civil. Ahora, el gobierno exige que todo pase por al menos cuatro dependencias municipales y por una caja recaudadora.
Desde el punto de vista legal, el ayuntamiento se ampara en el mismo artículo 22 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que permite a las autoridades “prohibir la celebración” si existen riesgos para la seguridad, la salud o el orden público. En comunicados recientes, el propio municipio ha invitado a las iglesias a “gestionar con tiempo sus permisos para garantizar que las actividades se realicen con orden y seguridad”. La Subdirección de Asuntos Religiosos defiende la medida como aplicación estricta de la ley federal.
Para los fieles, sin embargo, la interpretación es distinta al verlo como una limitación a la libertad religiosa Hasta el momento, las autoridades eclesiásticas de la arquidiócessis de Tijuana no han emitido pronunciamientos; sin embargo, en días anteriores, se realizaron manifestaciones por la vida que congregaron a miles de personas en las calles de la ciudad fronteriza. Tampoco se han registrado declaraciones públicas de líderes de otras iglesias cristianas o confesiones religiosas en la ciudad.
La polémica ha trascendido Tijuana. En grupos nacionales de católicos se habla ya de “alerta” y se preparan recursos ante instancias federales. En el fondo, el debate toca un nervio sensible: el equilibrio entre el derecho a manifestar la fe públicamente y la facultad del Estado de regular el uso del espacio público.
La Ley de Asociaciones Religiosas mantiene el principio de que los actos ordinarios se celebran dentro de los templos y los extraordinarios requieren aviso, pero nunca antes en Tijuana se había enfatizado tanto el aspecto económico justo en la fecha de mayor fervor religioso del año y con publicaciones en redes sociales por parte de las instancias municipales apenas difundidas el 20 de marzo.
La ironía no pasa inadvertida, el mismo gobierno que difunde fotos de devoción popular ahora les pone precio. La libertad de culto, como cualquier derecho, no es absoluta. Pero cuando el Estado la convierte en un procedimiento de pago variable según el número de devotos —contrario incluso a permisos previos sin costo—, muchos católicos de Tijuana sienten que no se está regulando… se está cobrando. Y eso, para ellos, es una cruz más pesada que la que cargan cada Viernes Santo.