Este 17 de junio, el Observatorio “Ciudadanía Católica y Análisis Social” publicó su más reciente análisis “Plan C: Reforma del Poder Judicial” que ofrece elemento acerca de los inminentes cambios constitucionales y legales al Poder Judicial y que ha suscitado numerosas controversias en círculos políticos, académicos y judiciales.
Sobre el paquete de reformas del presidente López Obrador, presentadas el 5 de febrero en el aniversario de la Constitución, el Observatorio destaca las que se podrían encontrar a la puerta de una aprobación para echar mano, por primera vez, de la aplanadora de legislativa del oficialismo.
El anuncio de la reforma, misma que desmantelaría al actual Poder Judicial – Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura, magistrados y jueces federales- causó “zozobra” en mercados financieros ante la incertidumbre que podría debilitar el Estado de derecho en México. Las inquietudes bursátiles fueron desestimadas por el presidente López Obrador quien, “fiel a su estilo pendenciero y manipulador” aseguró que ya es imposible sostener al Poder Judicial “que no esté al servicio del pueblo, de la sociedad…” afirmando categóricamente que está inclinado al servicio del crimen y delincuencia organizada.
La reforma judicial es “un gran peligro”, en realidad, afirma el documento, es una manipulación que encubre el deseo de poder del AMLO para llevarlo más allá de su gobierno a fin de encubrir a grupos políticos que controlarán, por elección popular, a jueces y magistrados. Eso será “abrir la puerta a la injerencia del crimen organizado”.
En realidad, asevera, el Poder Judicial traicionó al movimiento político de López Obrador considerando a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de Nación de “traidores” cuando desecharon la militarización de la Guardia Nacional. Acusa que la reforma judicial no combatirá la corrupción, “que en realidad nunca fue un propósito auténtico de este sexenio, sino de crear paralelamente todo un nuevo sistema político mexicano que garantice “la continuidad de la supuesta 4T por muchos años con un Poder Judicial sometido a los objetivos de la misma” en la que estaría la influencia definitiva de López Obrador parta mantener el control en el transcurso del gobierno de Claudia Sheinbaum.
De darse este paso, asegura el Observatorio, a la “nueva presidente de la República le espera una posible crisis, tanto económica como política, desde el inicio de su sexenio por todas las grandes reacciones políticas y económicas que supone esa reforma judicial y electoral, tanto en México como en el exterior”.
Así, la reforma avanzará en el sentido que López Obrador le estará indicando, sin oposición alguna donde el proceso en el Poder Legislativo será de puro trámite sin mayores consecuencias.
Con eso, López Obrador afianzaría políticamente a su 4T y garantizaría “su pase personal al altar de la patria” concluye el análisis ofreciendo, además, un resumen de las 18 reformas constitucionales presentadas por el presidente López Obrador.
¿En qué consiste la reforma judicial?
La iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos busca introducir nuevas condiciones en la administración de justicia federal y sustituir al Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Disciplina Judicial. Reduce de 11 a nueve el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; serán suficientes seis votos para la resolución de los asuntos que se les turnen en tanto que sus salarios como los de los del Tribunal de Disciplina Judicial, de magistrados y jueces, no podrá ser superior al que obtiene el titular del Ejecutivo. Actualmente, los ministros de la Suprema Corte tienen un encargo de 15 años, la reforma propone reducir el término a doce años.
Para el caso de las elecciones de ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados de circuito, jueces de distrito y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, la jornada electoral sería el primer domingo de junio, previo procedimiento en el que intervendrían los tres poderes en la propuesta de designación de personas quienes reunirán los requisitos legales de acuerdo al puesto por el que compitan. Tendrán derecho a los tiempos establecidos en radio y televisión para realizar campaña, a participar en debates. Similar procedimiento y competencia electoral correrán los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del eventual Tribunal de Disciplina Judicial.
El documento completo del Observatorio laico de la CEM puede leerse aquí.
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