La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) irrumpió en el conflicto que desde el 27 de octubre paraliza carreteras en Jalisco, Guanajuato y Michoacán con un comunicado donde reconoce la “desesperación” de los productores de maíz, condena las afectaciones a terceros y exige al gobierno federal “precios de garantía justos” y “compensación inmediata” por las pérdidas. Firmado por el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, y el auxiliar de México, Héctor M. Pérez Villarreal, el texto cita Santiago 3,18 (“Los que trabajan por la paz siembran en paz y su fruto es la justicia”) y advierte que, sin soluciones rápidas, México arriesga “una descomposición social irreversible”.
Desde el 27 de octubre, cientos de productores cerraron carreteras y bloquearon casetas de peaje en el occidente y Bajío del país, regiones que son las principales zonas de producción de alimentos. En Guanajuato, bloquearon la autopista Aguascalientes-León y en Michoacán, la principal vía que comunica al Occidente con el centro del México.
El 28 de octubre se sumaron 42 puntos de bloqueo. La Cámara Nacional del Maíz Industrializado calculó pérdidas diarias de 1,200 millones de pesos en transporte de carga. A través de redes sociales, se reportaba la muerte de un paciente oncológico que no llegó a consulta en Morelia y un trailero que sufrió infarto en la fila de 18 km en Jalisco.
Fue el 29 de octubre cuando el gobierno anunció una nueva mesa de diálogo para el 1 de noviembre, pero no ofrece precio de garantía, las negociaciones parciales dieron lugar a que los productores levantaran bloqueos parciales en Guanajuato tras los acuerdos con la Secretaría de Agricultura; sin embargo, persistían cierres en Jalisco y Michoacán.
La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación reportó pérdidas por más de 2,300 millones de pesos (o 2.3 mil millones de pesos) debido a los bloqueos de agricultores ocurridos entre el 27 y el 30 de octubre de 2025.
Los manifestantes, agrupados en la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, entregaron el 27 de octubre un pliego petitorio de cinco puntos para establecer precios de garantía. Sus demandas variaban, pero muchos grupos exigieron un precio de hasta $7,200 pesos/tonelada para cubrir los costos de producción. El gobierno federal, por su parte, anunció un precio de garantía de $6,050 pesos/tonelada para el maíz blanco en estados clave como Guanajuato, Jalisco y Michoacán, lo cual fue rechazado inicialmente por algunos productores, además de la prohibición de importaciones de maíz transgénico y revisión del T-MEC en materia agrícola.
El mensaje de los obispos de México reconoce que “malbaratar el fruto del trabajo” es una “situación verdaderamente desesperante” y cita la doctrina social de la Iglesia: el destino universal de los bienes exige que la tierra sirva “especialmente a los más necesitados”. Al mismo tiempo, lamenta las “millonarias” pérdidas económicas y el “daño incalculable al tejido social”: trabajadores varados, enfermos sin atención, medicamentos retenidos. Exhorta a los productores a “buscar caminos de diálogo que no profundicen el sufrimiento de otros hermanos mexicanos” y apela a las empresas a pagar “precios justos, reconociendo que detrás de cada cosecha hay familias enteras”.
El llamado más duro es al gobierno: “actúe con altura de miras, diligencia y verdadera capacidad de negociación”. Recuerda la historia de luchas agrarias y advierte que ignorarlas puede derivar en “descomposición social irreversible”. La CEM cierra invocando a la Virgen de Guadalupe para “encontrar caminos de justicia y reconciliación”.