La madrugada del domingo 26 de octubre la violencia irrumpió en la Sierra Tarahumara por las balaceras, vehículos acribillados y cuerpos inertes en las calles marcaron una nueva página de horror en esta tierra rarámuri resultado de los enfrentamientos que dejaron siete heridos y siete muertos.
En medio del luto, la Diócesis de Tarahumara rechazó esta violencia a través de un manifiesto de repudio y una carta de solidaridad del obispo Juan Manuel González Sandoval y la homilía del padre Enrique Urzúa, párroco local, que denuncia el «abandono» de las autoridades. «Ya no nos escuchan», clamó el sacerdote, pidiendo oraciones que saquen de la indiferencia a quienes son responsables de la seguridad pública.
Los hechos que enlutaron a Guachochi se desataron poco después de la medianoche, en la colonia Turuseachi. Un comando armado, posiblemente ligado a facciones como «Los Cheyenes», «Los Reyes» o «La Línea» –grupos que disputan el control de rutas de narcotráfico en la sierra–, irrumpió en persecución de supuestos enemigos. En su afán homicida, confundieron a una familia civil con objetivos criminales. El profesor Luis Cruz Palma, de 44 años, viajaba en su vehículo con su esposa Blanca Rosa C. E., su hijo de dos años L. D. B. T. y otros parientes cuando las ráfagas de armas de alto calibre los alcanzaron. Cuatro murieron en el acto: Cruz Palma, su esposa y dos acompañantes no identificados de inmediato. Nueve heridos graves fueron evacuados al Hospital Rural IMSS-Bienestar número 26, entre ellos el pequeño, Sergio J. F. de 27 años y Eddy Omar F.
Apenas una hora después, en la carretera hacia Yoquivo, conocida como El Lobito, dos cuerpos más yacían abandonados: Liborio L. C., de 25 años, y María C. G., de 26. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua confirmó un saldo total de siete homicidios y siete lesionados, todos por impacto de proyectil de arma de fuego. Vehículos acribillados –una Chevrolet Tahoe 2000 arena, un Nissan Sentra 1987 rojo y una Dodge Durango 2004 roja– fueron asegurados con blindaje artesanal y placas alteradas, evidencia de la guerra soterrada que azota la región. El pánico se apoderó de la zona con un apagón de señal telefónica que duró más de 15 horas, dejando a los habitantes en la incertidumbre absoluta. Un toque de queda espontáneo, dictado por el miedo, paralizó las calles; las escuelas cerraron y las madres rarámuri ocultaron a sus hijos en las cuevas ancestrales, recordando tradiciones de resistencia ante invasores.
Esta masacre no es un hecho aislado. La Sierra Tarahumara se ha convertido en polvorín para el crimen organizado desde hace años. En octubre de 2025, Chihuahua acumula 107 homicidios, posicionándose como el cuarto estado más violento del país. Guachochi, con su población mestiza y rarámuri de apenas 50 mil almas, ha visto escalar la disputa por el control territorial, balaceras semanales, extorsiones a productores de maíz y garbanzo, y reclutamiento forzado de jóvenes indígenas. «La violencia ha pasado de ser entre grupos a golpear a la sociedad entera», advierte la Red de Defensa Magisterial en un comunicado de condena, destacando el asesinato de Cruz Palma, educador dedicado a las escuelas rurales.
El mismo domingo 26, durante la misa en la Catedral de Santa Anita, el padre Enrique Urzúa pronunció una homilía: «Nos han abandonado, ya no nos escuchan», exclamó, dirigiéndose directamente a las autoridades estatales y federales. Denunció la minimización oficial de los ataques como «balas al aire», y reveló el terror palpable: «Guachochi vive entre miedo, coraje e impotencia. No traemos chaleco antibalas ni vehículo blindado. Necesitamos auxilio real, no promesas vacías».
El obispo Juan Manuel González Sandoval, MNM, emitió una carta pública de solidaridad a las familias enlutadas. «No están solos», aseguró, expresando «dolor profundo» por las pérdidas y condenando «toda forma de violencia que amenaza la paz y la dignidad de nuestras comunidades». González Sandoval, misionero en la sierra por décadas, llamó a las autoridades a «reforzar la seguridad de manera inmediata y efectiva», subrayando que «la vida es un don que debe ser protegido siempre. La violencia jamás será el camino hacia la justicia o la paz».
Ese mismo día, la diócesis publicó un manifiesto colectivo, firmado por el obispo y el clero local. «Cada vida humana es sagrada y única: ninguna justificación puede amparar la violencia, el odio o la venganza», reza el documento, repudiando los ataques y exigiendo un «plan integral de justicia y paz». Invoca a Santa María de Guadalupe, «Madre de la Tarahumara y Reina de la Paz», para que «esta tierra bendita supere la violencia». La Iglesia se compromete a acompañar al pueblo con oración, cercanía y acción comunitaria, rechazando «acostumbrarnos a la muerte que golpea reiteradamente». «El miedo no tiene la última palabra. Dios no abandona a su pueblo», concluye, con esperanza puesta en Cristo Resucitado.