En un país asediado por la violencia que no da tregua, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) elevó la voz contra la ola de asesinatos que acaba con la vida de los «constructores de paz». El brutal homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido en plena celebración del Día de Muertos, se erige como el símbolo más lacerante de esta crisis. «México vive momentos dolorosos», advierten los obispos en un comunicado emitido este fin de semana, exigiendo no solo justicia, sino un combate frontal a las raíces del crimen organizado que devora el Estado de Derecho.
El crimen contra Manzo, un líder morenista de 45 años conocido por su valentía al denunciar la injerencia del narcotráfico en Michoacán, ocurrió la noche del 1 de noviembre en la Plaza Morelos de Uruapan. Durante el Festival de Velas, un evento multitudinario que reunía a familias en honor a los difuntos, el pistolero se acercó al alcalde, quien, previamente, transmitió en redes sociales. Sin mediar palabra, el atacante abrió fuego: siete balazos impactaron en el torso de Manzo, quien cayó inerte ante decenas de testigos aterrados.
Manzo no era un político ajeno al riesgo. En semanas previas, había clamado públicamente por mayor protección federal, alertando sobre amenazas directas del crimen organizado que controla rutas de aguacate y puertos en la región. «Uruapan sangra por la impunidad», declaró en una entrevista con CNN el mes pasado, posicionándose como un «constructor de paz» al impulsar programas contra la extorsión y el reclutamiento forzado de jóvenes. Su muerte, la número 12 de alcaldes en México este año, no solo deja viuda y tres hijos en el duelo, sino una ciudad en ebullición: miles protestaron el domingo en las calles de Uruapan, exigiendo la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y coreando «¡Justicia para Carlos!».
La condena ha sido unánime y transversal. La presidenta Claudia Sheinbaum, en su primer mensaje como mandataria, expresó «absoluta firmeza» contra el «vil asesinato», prometiendo que «no habrá impunidad» y ordenando a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, encabezar la investigación. «Expreso mis condolencias a su familia y al pueblo de Uruapan», dijo en Palacio Nacional, aunque críticos de la oposición la acusan de minimizar la crisis al calificar a los manifestantes de «buitres» que buscan desestabilizar su gobierno. Desde el sector empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) repudiaron el hecho como un «duro golpe a las instituciones», urgiendo «determinación» para erradicar la corrupción que alimenta al narco. La Academia Mexicana de Ciencias Penales (AMCP) lamentó la pérdida y llamó a una «estrategia anticrimen integral», mientras que Amnistía Internacional y Human Rights Watch emitieron alertas sobre el «colapso del Estado» en Michoacán, donde el CJNG disputa territorio con Los Viagras.
En este contexto de indignación colectiva, el mensaje de la CEM, firmado por el obispo Ramón Castro Castro (presidente), Héctor M. Pérez Villarreal (secretario general) y Javier Navarro Rodríguez (responsable de Justicia y Paz), irrumpe como un faro moral. Titulado «Ante los recientes asesinatos de constructores de paz en México», el documento –divulgado el 2 de noviembre– no se limita a la lamentación: exige un giro radical en la respuesta estatal. «El cobarde asesinato del alcalde Carlos Manzo se suma a una preocupante cadena de crímenes contra quienes construyen la paz y defienden la dignidad de sus comunidades», inicia el texto, aludiendo también al comerciante Bernardo Bravo, acribillado días antes en Veracruz por resistir extorsiones.
Los obispos van al fondo: «Los retenes en carreteras, el despojo de tierras, las amenazas constantes a productores, comerciantes y gobernantes reflejan un grave debilitamiento del orden constitucional». Critican la superficialidad de las acciones punitivas –»ya no basta aprehender al asesino»– y apuntan al «verdadero crimen»: la omnipresencia de grupos armados que «controlan la vida pública» en regiones enteras. «Hay que combatir con determinación e inteligencia la vida amenazada de miles de ciudadanos que día con día ven ultrajadas sus libertades», claman, recordando que Manzo y Bravo murieron por «levantar la voz y enfrentar la falta de Estado de Derecho».
El llamado es inclusivo y urgente: «Construir la paz es tarea de todos: familias, maestros, comerciantes, empresarios, miembros de las diversas denominaciones religiosas y ciudadanos de los tres órdenes de gobierno». La Iglesia ofrece su «Diálogo Nacional por la Paz» como plataforma de coordinación, un espacio de «encuentro, diálogo y acción» que ha reunido a obispos, ONGs y autoridades desde 2019. Dirigiéndose directamente a los violentos, los prelados citan el Génesis: «Llamamos a todos los mexicanos que están provocando esta violencia a detenerla y respetar la vida de todos, pues cada hermano es un don de Dios. Caín, ¿dónde está tu hermano?». Finalmente, invocan a la Virgen de Guadalupe: «Guíe nuestros corazones e interceda por nosotros para que juntos alcancemos la paz, la libertad y el desarrollo que nuestro México merece».